Imagen: Cortes de Aragón

En su comparecencia parlamentaria, Peña ha urgido una solución a la alta tasa de temporalidad de los empleados públicos, situada en el 46,8%

Sobre la gestión de los fondos la UE para enfrentar la crisis derivada del COVID, ha instado a un debate sereno sobre el marco normativo actual para conseguir los objetivos y “no perder un solo euro”

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha señalado hoy en las Cortes que “la mayoría de las recomendaciones incluidas en el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2018 podrían implementarse inmediatamente, con los efectos positivos que conllevan, porque no tienen carácter político ni implican costes para su implementación”. En este sentido, ha solicitado a los Grupos Parlamentarios que, en sus propuestas de resolución, insten a los órganos competentes a subsanar las salvedades y deficiencias señaladas en el Informe “lo que redundará en la mejora de la gestión pública que es el fin último de nuestro trabajo de control”.

Peña ha realizado estas declaraciones en el transcurso de su comparecencia ante el pleno del Parlamento aragonés para presentar el Informe de fiscalización de la Cuenta General de 2018.

Alfonso Peña ha explicado que la auditoría de la Comunidad Autónoma se ha centrado en sus 13 entidades administrativas principales que representan: el 97% del gasto consolidado, el 97% de los efectivos de personal, el 86% del activo total del sector público autonómica y la práctica totalidad de los contratos públicos adjudicados en el ejercicio. Además, en el ejercicio 2018 la Cámara realizó una fiscalización específica de las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma y de algunas áreas de riesgo del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y de Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST).

El resultado de la revisión arroja una opinión favorable sobre la contabilidad y la legalidad, si bien, el Informe señala incorrecciones e incumplimientos. Antes de entrar en su detalle, el presidente de la Cámara ha recordado que en 2018 el gasto de la Comunidad Autónoma ascendió a 6.118 millones de euros, un 7,7% más que en el ejercicio anterior. Peña ha destacado la cifra destinada al pago de intereses de la deuda, 170 millones, superior a la dedicada a inversiones reales, que se situó en 160 millones de euros “lo cual es muy significativo”. Por su parte, los ingresos obtenidos en el ejercicio fueron 6.143 millones de euros, un 6,1% más que en 2017.

En cuanto al marco económico y financiero en el que se desarrolló el presupuesto de 2018, el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón ha destacado que se cumplieron todos los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (deuda, déficit, regla de gasto y periodo medio de pago).

En materia de ejecución presupuestaria, el Informe de fiscalización acredita que el presupuesto inicialmente aprobado no fue suficiente para hacer frente a la actividad ordinaria de la Comunidad Autónoma, por lo que fueron necesarias modificaciones presupuestarias por importe de 143 millones de euros, algunas de las cuales, se realizaron concluido el ejercicio. A este respecto, en el turno de respuesta a los portavoces, Peña ha expresado que “estas modificaciones, además de tener un difícil encaje en la normativa presupuestaria, no tienen ningún sentido, porque la Comunidad Autónoma sabe con antelación los créditos que va a necesitar y debe contabilizarlos antes de reconocer las obligaciones”

Sobre la situación financiera, la auditoría recoge el incremento del endeudamiento, que se situó en 8.813 millones de euros, los fondos propios negativos, por importe de 3.831 millones, y el remanente de tesorería, también negativo, por importe de 511 millones de euros. “Como consecuencia de esta situación financiera, la Comunidad Autónoma deberá seguir recurriendo al endeudamiento para financiar su cartera de servicios”, ha advertido el presidente de la Cámara de Cuentas.

En referencia a las salvedades e incumplimientos de legalidad, el presidente de la Cámara se ha referido a la insuficiente provisión para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas, que el Informe eleva de 51 a 99 millones de euros, entre ellas, los 33 millones de euros reclamados judicialmente por el Ayuntamiento de Zaragoza para la financiación del tranvía. Al respecto, y en el turno de respuesta a los portavoces parlamentarios, Peña ha recordado que “ya en 2013, la Cámara de Cuentas señaló que faltaban por contabilizar los pagos comprometidos y, desde entonces, hemos venido advirtiendo del riesgo que representaba este asunto”.

Sobre la falta de contabilización de algunos compromisos futuros de gasto, el presidente de la Cámara ha insistido en que hacerlo es una obligación legal, “pero, además, aporta certidumbre presupuestaria a la hora de elaborar el presupuesto cada año”.

En el apartado de los incumplimientos de legalidad, el informe advierte, nuevamente, de los contratos adjudicados sin expediente de contratación ni contrato, por importe de 285 millones de euros, 203 correspondientes a compras de farmacia hospitalaria, si bien, el SALUD ya ha modificado parcialmente el procedimiento. El presidente de la Cámara se ha referido al impacto económico inmediato de esta modificación, que ha cifrado en una rebaja del 22% sobre los precios máximos de referencia de los productos.

Al referirse a los incumplimientos de legalidad en el área de personal, Alfonso Peña ha comenzado destacando la alta tasa de temporalidad en el empleo público que, en 2018 era del 46,8% “que vemos, con preocupación, cómo aumenta cada año y a la que hay que buscar una solución”. En 2018, la Comunidad Autónoma empleaba 57.886 trabajadores, el 10% del empleo total de Aragón.

En 2018 se mantuvieron incumplimientos señalados en las auditorías de años anteriores, como la existencia de complementos salariales sin la cobertura legal adecuada por importe de 110 millones y el pago de complementos de productividad fijos, por importe de 107 millones, siendo que se trata de una retribución de naturaleza variable y asociada al especial rendimiento.
La revisión de las subvenciones revela que el 40% del total, 116 de 288 millones concedidos, se concedió de manera directa, pese a que la normativa considera que este procedimiento es excepcional.

Alfonso Peña ha concluido su intervención con un repaso a las recomendaciones que ya han sido aceptadas e implementadas, “mejorándose con ello la gestión económico-financiera” y la mención a las que están pendientes, como la necesidad de codificar los contratos correctamente para que el registro de contratos sirva a la rendición de cuentas, o la mejora de la información y publicidad sobre subvenciones.

En respuesta a los Grupos Parlamentarios, Peña ha coincidido en la necesidad de consignar en los presupuestos los créditos suficientes para el pago de las nóminas de los empleados públicos. En su opinión, “para afrontar con garantías las necesidades de personal y poder atender las importantes exigencias derivadas de la crisis, hay que darle a este asunto la importancia que merece”. También sobre personal, ha insistido en que “para afrontar los nuevos retos de la situación que vivimos, necesitamos reforzar los recursos humanos con garantías y no recurriendo a soluciones de trabajo temporal o interinidades”.

Preguntado por la fiscalización de los contratos y subvenciones realizados por la Administración autonómica para afrontar la pandemia, Alfonso Peña ha informado que la Cámara de Cuentas está en una fase preliminar de análisis de la normativa aprobada al efecto y de recopilación de datos sobre su impacto presupuestario. “Los gestores no han terminado de implantar las medidas extraordinarias, están inmersos en su gestión y, en ese marco, incorporar el control de la Cámara podría ser un problema”. Peña ha anunciado la intención de la Institución de incluir en el Programa de fiscalización de 2021 un informe especial sobre el impacto económico de la crisis sanitaria en la administración de la Comunidad Autónoma y en las administraciones locales.
Finalmente, a propósito de la crisis sanitaria, en referencia concreta a los fondos que llegarán de la UE, el presidente de la Cámara de Cuentas ha advertido que “vamos a necesitar agilidad y transparencia, buen diseño de los proyectos, buen sistema para seleccionarlos y reglas para garantizar su buena ejecución y control, para que no se pierda un sólo euro, que no nos lo podemos permitir” y ha instado a un debate sereno sobre este tema “porque lo que no puede ocurrir es que perdamos recursos por problemas burocráticos y de aplicación restrictiva del marco de regulación”.

Informe

Resumen divulgativo