Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2022
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Persisten los desequilibrios en las cuentas autonómicas, pero se reduce el endeudamiento por primera vez en veinte años
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Aumenta la ejecución de los fondos Next Generation respecto a 2021, aunque sigue baja, en el 22%, y acumula al cierre casi 500 millones sin ejecutar
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La Comunidad incumple el periodo medio de pago a sus proveedores en todos los meses del año
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La mitad de los empleados públicos son temporales y los procesos selectivos y de estabilización realizados no han mejorado la situación
La Cámara de Cuentas de Aragón ha publicado hoy el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2022.
Este trabajo incluye la auditoría de las cuentas anuales y la fiscalización del cumplimiento de legalidad de la gestión presupuestaria, personal, endeudamiento y morosidad. Además, el informe incluye un análisis específico de la temporalidad en el empleo público.
En 2022, la Comunidad Autónoma gastó 7.379 millones de euros e ingresó 7.137.
Por capítulos del presupuesto, los gastos de personal sumaron 2.551 millones, transferencias corrientes 1.768 millones, bienes y servicios, 1.045 millones de euros y los pasivos financieros, 1.229 millones.
Por políticas de gasto, el mayor volumen se concentró en asistencia sanitaria, 2.300 millones de euros, en los programas de educación no universitaria, con 965 millones, en la política agraria común, con un gasto de 473 millones y en servicios sociales, que sumaron un gasto de 380 millones de euros. Al margen de los servicios esenciales, el segundo programa con mayor gasto es el correspondiente a la amortización y gastos financieros de la deuda, con 1.326 millones de euros.
En cuanto a los ingresos, el 55% (3.927 millones) procedieron de las aportaciones del Sistema de Financiación Autonómica, 1.103 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), 649 millones de la recaudación por los tributos propios y cedidos y 429 de las transferencias comunitarias para la PAC. Además, en 2022, Aragón recibió 289 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MRTR) y 52 millones del instrumento REACT-UE.
En este ejercicio, la Comunidad redujo su endeudamiento por primera vez en los últimos veinte años en 103 millones de euros respecto a 2021, situándose en 8.957 millones a la finalización del cuarto trimestre, según los datos del cuarto trimestre del Banco de España.
También redujo los intereses en 15 millones de euros, como consecuencia de las operaciones de reestructuración de deuda realizadas en el ejercicio.
El remanente de tesorería fue negativo por 1.016 millones de euros, 1.102 con los ajustes propuestos por los auditores, debido, en parte, a la menor captación de endeudamiento y al exceso de financiación afectada, procedente, mayoritariamente, de los fondos europeos Next Generation.
El resultado presupuestario fue negativo por 418 millones de euros, lo que significa que los ingresos presupuestarios del ejercicio no fueron suficientes para financiar las obligaciones reconocidas en 2022.
Además, en 2022, el saldo de la cuenta de gastos pendientes de imputar al presupuesto se incrementó en 64 millones hasta los 205, de los cuales, la auditoría confirma que 112 millones figuran en esta cuenta por falta de presupuesto. El 76% del total corresponde a obligaciones generadas por el SALUD.
El informe señala que las cuentas de la Comunidad Autónoma reflejan fielmente la imagen de su patrimonio, situación financiera y resultados económico-presupuestarios. No obstante, el trabajo recoge salvedades, como la falta de rendición de la cuenta del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), y otras por incorrecciones en los estados contables que se detallan en el propio informe y en el resumen divulgativo.
Periodo medio de pago, gastos sin contrato y retribuciones en el SALUD
En la opinión de legalidad se identifican distintos incumplimientos de la normativa que rige la gestión económica.
Entre los incumplimientos, el informe recoge el referido al periodo medio de pago a proveedores, que superó los 30 días previstos en la ley en todos los meses del año 2022 y rebasó el límite de 60 días, en tres de ellos. En promedio anual, el periodo medio de pago en Aragón se situó en 51 días, el doble que la media de las comunidades autónomas, que fue de 25 días.
Igualmente, el informe señala que en 2022 el Gobierno de Aragón convalidó gastos por 42 millones de euros, el 94% por haberse realizado sin contrato. El 41% del gasto convalidado corresponde al SALUD, por la compra de material sanitario, y el 35% al departamento de Educación, entre otros, por el gasto de transporte.
El trabajo de auditoría reitera incumplimientos reflejados en otras fiscalizaciones, como el pago de retribuciones en el SALUD por prolongación y exceso de jornada sin mecanismos de control horario, y el pago del complemento de atención continuada por encima de los límites previstos por la norma para la jornada complementaria, con el único control de la firma del coordinador del servicio correspondiente, que no está presente mientras se realiza la guardia, y sin un seguimiento para detectar los posibles excesos.
Ejecución de los Fondos NGUE
En el ejercicio fiscalizado, el grado de ejecución de los fondos del Mecanismo de Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) fue del 22,3%, frente al 6% registrado en el ejercicio anterior.
Las cantidades pendientes de gastar aumentaron en 151 millones, que sumados a los 341 del ejercicio 2021, hacen un total de 492 millones pendientes de ejecución al cierre de 2022.
Los auditores advierten que este bajo nivel de ejecución traslada al futuro una mayor carga de gestión, sin olvidar que el 31 de diciembre de 2026 es la fecha límite para la ejecución total del programa.
Por contrapartida, el informe apunta un mayor dinamismo en la ejecución del resto de las inversiones, que en 2022 alcanzó el 88% por un importe de 248 millones de euros, frente a los 149 del ejercicio 2021.
Temporalidad del empleo público
El informe incluye un análisis específico de la temporalidad en el sector público autonómico en el periodo 2018-2022.
Al cierre de 2022, la Comunidad Autónoma tenía 60.665 empleados públicos con una temporalidad del 49,5%. El 46% de los empleos temporales se concentra en el SALUD; el resto, se reparte entre el personal docente de los centros públicos no universitarios (28%) y el que presta servicios generales en la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos (25,9%)
En el periodo analizado, se convocaron 12.731 plazas en administración general, sanidad y educación. Para la estabilización de personal se previeron 6.343, una cifra insuficiente para lograr el objetivo de reducir la temporalidad al 8%, si tenemos en cuenta que los empleados temporales sumaban 28.929.
Para la reposición de efectivos, entre 2018 y 2022 se convocaron 6.388 plazas, de las que a 31 de diciembre de 2022 solo se habían adjudicado 1.992, el 31%.
Pese a los esfuerzos, ninguno de los procesos de estabilización aprobados ha reducido las elevadas tasas de temporalidad, que siguen aumentando de forma lenta y progresiva, pasando del 47% al 49,5%. Así, a 31 de diciembre de 2022, la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos tenían 3.214 empleados más que al cierre de 2018, el 89% de ellos temporales.
En el ámbito de la Administración General, los plazos para el desarrollo de estos procesos incumplen de manera sistemática el plazo máximo de tres años fijado en la normativa y se sitúan en un promedio de 4,2 años. En el ámbito sectorial de Educación y de Sanidad, se incumplen los plazos intermedios pero los procesos se cierran, generalmente, antes de los tres años, o ligeramente por encima.
Asimismo, la administración autonómica incluyó 2.630 plazas en las ofertas extraordinarias de estabilización de empleo temporal, sin que la Cámara haya podido comprobar si son todas las de naturaleza estructural en los términos que fija la ley de estabilización.
El informe de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2022 presenta seis nuevas recomendaciones, entre las cuales, la Cámara de Cuentas propone dotar de manera suficiente el presupuesto de los capítulos de personal y bienes corrientes y servicios para evitar modificaciones presupuestarias por importes relevantes, como ocurre con las referidas al Departamento de Educación y al SALUD.
Igualmente, recomienda tomar medidas para que el SALUD pague en el plazo de 30 días a sus proveedores.
En relación con la temporalidad del empleo público, el órgano de control externo recomienda convocar todas las plazas que sean necesarias para cubrir las bajas, así como mayor agilidad en los procesos selectivos y en los extraordinarios de estabilización.
Algunas de las incidencias detectadas en la auditoría de 2022 que han sido corregidas son la mejora en los plazos y en la calidad de la rendición de cuentas y la corrección de la amortización acumulada de bienes recibidos de otras administraciones por un importe de 434 millones de euros.
El Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2022 ya ha sido remitido al presidente de Aragón y a las Cortes para su presentación y debate en el pleno. Igualmente, puede descargarse de la web de la Cámara de Cuentas y, el original, validarse con el código CSV: 4FK72N55563H594QWH3DZMXKZ en la sede electrónica de la Institución.
