El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha comparecido hoy ante la Ponencia de las Cortes de relaciones con la Cámara de Cuentas en relación con el Informe de fiscalización de las cuentas anuales de determinados consorcios y de la situación financiera de determinadas empresas del sector público autonómico, en el ejercicio 2016. Peña ha estado acompañado por la consejera de la Cámara y directora del Informe, Rosa Montolío.

Para contextualizar el Informe, el presidente de la Cámara de Cuentas ha señalado que, a fecha actual, en el sector público aragonés están integrados 15 consorcios que representan el 0,3% del gasto total de la Comunidad Autónoma, que en 2018 fue de 5.500 millones. En este mismo ejercicio, con un gasto de 151 millones,  las empresas públicas representan el 3%.

El informe que se ha presentado hoy estaba previsto en el programa anual de fiscalización del ejercicio 2017 que preveía la fiscalización de, al menos, el 30% de los consorcios y empresas públicas integradas en el sector público aragonés.

De acuerdo con lo anterior,  se eligieron los consorcios del Aeródromo/Aeropuerto de Teruel y de Gestión y Explotación del Túnel Bielsa-Aragnouet, cuyos activos superan el 94% del total de los consorcios.

En el caso del consorcio del Aeródromo de Teruel, está participado al 60% por el Gobierno de Aragón y al 40% por el Ayuntamiento de Teruel y tiene como misión realizar la puesta en funcionamiento, promoción y gestión del Aeródromo de Teruel.

El consorcio para la Gestión y Explotación del Túnel Bielsa-Aragnouet, participado al 50% por la Comunidad Autónoma y en igual porcentaje por el departamento de Altos Pirineos de Francia,  tiene como objetivo la realización de todas las acciones comunes con el país vecino necesarias para la gestión y explotación del túnel.

La auditoría de la Cámara de Cuentas de ambos consorcios ha sido de carácter financiero y de cumplimiento de legalidad, si bien, se han analizado únicamente elementos específicos porque ambos consorcios están sometidos a auditorías externas.

Respecto al consorcio del Aeródromo de Teruel, la opinión de la Cámara es favorable sin salvedades, si bien, la auditoría señala algunas incidencias que no afectan a esta opinión.

El presidente de la Cámara, Alfonso Peña, ha valorado positivamente que se hayan cumplido algunas de las recomendaciones planteadas, entre ellas, la mejora del contenido de los anuncios de licitación y adjudicación de contratos y la incorporación a los pliegos de porcentajes a partir de los cuales una oferta podría incurrir en baja temeraria, con el fin de que los licitadores dispongan de esta información a antes de concursar.

No obstante, todavía están pendientes de cumplimiento otras recomendaciones como la necesidad de utilizar el Plan Contable de la Comunidad Autónoma y no el de las entidades locales que es el que utiliza.

Por otro lado, el consorcio debe dar de baja en contabilidad las fianzas devueltas a los usuarios tras el uso de las instalaciones, así como considerar la totalidad de los gastos de financiación afectada y su evolución, tanto en el resultado presupuestario como en la tesorería para disponer de las cifras reales en ambos conceptos. Igualmente, la Cámara recomienda que exista una caja para regularizar en el momento las operaciones que se hacen en efectivo.

Sobre el consorcio para la Gestión y Explotación del Túnel Bielsa-Aragnouet, la opinión de la Cámara de Cuentas también es favorable con la salvedad de que el consorcio no dispone de información sobre la propiedad del edificio anejo al túnel ni un cálculo propio del valor del resto de obras civiles e infraestructuras del túnel. Tampoco dispone de información sobre la situación jurídica del túnel, que no es de su propiedad, lo que afecta a la forma de contabilizar las inversiones realizadas.

Como en el caso anterior, la entidad ha desplegado las recomendaciones realizadas por la Cámara para mejorar la contratación en cuanto al contenido de los anuncios de adjudicación y licitación, pero persisten incidencias en las áreas contables y presupuestarias puestas en evidencia por la Cámara. Entre ellas, la falta de provisión para hacer frente a posibles sentencias adversas resultado de litigios en curso.

En su intervención en la ponencia, Alfonso Peña ha reconocido que el personal de estos consorcios es escaso y sería conveniente un mayor apoyo técnico de la administración matriz.

En el caso de las empresas públicas, el Informe que hoy se ha expuesto en las Cortes fiscaliza un total de 16, el 64% del total.  En la actualidad, y de acuerdo con los datos de la última memoria de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, el Gobierno de Aragón participa en 108 sociedades, de las que controla 37.

En todos los casos fiscalizados por la Cámara, la opinión de auditoría es favorable sin salvedades. Los auditores describen los movimientos de capital que se produjeron en 2016 con el fin de sanear el patrimonio de las empresas analizadas. En general, estos movimientos dieron lugar a una mayor presencia del Gobierno de Aragón en su capital social que, en consecuencia, asume un mayor riesgo en caso de pérdidas. Esta situación de pérdidas es la que presentaban en 2016, nueve de las 16 empresas auditadas.

El endeudamiento total de las empresas analizadas era de 252 millones de euros,  el 69% correspondiente a operaciones con la DGA, su Corporación Empresarial u otras sociedades autonómicas, como Suelo y Vivienda de Aragón.

En cuanto a los ingresos, la viabilidad de la mayoría de las empresas públicas en el momento de la fiscalización dependía de las subvenciones del Gobierno de Aragón o de otros entes dependientes de éste como el Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

El presidente de la Cámara de Cuentas ha informado que se van a analizar de manera panorámica las aportaciones que ha realizado el Gobierno al conjunto de las empresas públicas que gestionan los servicios que presta, con el fin de dar respuesta a las inquietudes puestas de manifiesto por los diputados de la Ponencia sobre su viabilidad