El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha comparecido esta tarde en las Cortes acompañado de los consejeros Luis Rufas y Rosa Montolío para presentar las Memorias de actuaciones de la institución de los ejercicios 2018 y 2019. En el transcurso de su intervención, Peña ha afirmado que «sin rendición de cuentas no es posible la fiscalización y, en Aragón, se aprecia un alto nivel que dice mucho de los responsables de las administraciones públicas, lo que merece una valoración muy positiva de la Cámara de Cuentas». En este sentido, el presidente del órgano fiscalizador ha destacado la rendición en tiempo y forma de la Universidad de Zaragoza y, en general, de la administración autonómica, así como el elevadísimo nivel de rendición de las entidades locales, la más elevada de España. «Estamos muy satisfechos y aspiramos a que la rendición sea del 100% en el plazo legal establecido para ello» ha indicado Peña.

Igualmente, en referencia al sector público local, Alfonso Peña ha expresado que «ni en los mejores sueños podemos abordar la fiscalización de la totalidad del sector público local aragonés con los medios actuales, por lo que tendremos que esforzarnos en articular soluciones para conseguir una mejor fiscalización de este sector que es importantísimo en Aragón».  En este sentido, una posibilidad que la Cámara está valorando es la contratación externa de servicios de auditoría para programas específicos y siempre con la supervisión de la institución en cuanto al alcance y al enfoque de las fiscalizaciones. Asimismo, en relación con este sector, el presidente de la Cámara se ha referido a la voluntad de la institución de intensificar la labor de colaboración y asistencia a los ayuntamientos, para lo cual se ha creado una plaza encargada de gestionar las relaciones con las entidades locales.

La Memoria de 2019 refleja que la Cámara de Cuentas dedicó 24.000 horas de auditoría a la elaboración de informes y trabajos de fiscalización de los cuales, a 31 de diciembre de dicho ejercicio, se habían aprobado 12.  En total, el paraguas de fiscalización de la Cámara cubre un presupuesto agregado del sector público aragonés de 10.000 millones de euros.

Las recomendaciones concretas a las entidades auditadas para la mejora de la gestión de los fondos públicos ascendieron en 2019 a 68. Alfonso Peña ha destacado que el objetivo de estas recomendaciones es identificar áreas de riesgo y proponer soluciones para mejorar la gestión. «No podemos imponer nada, somos una institución de persuasión y nuestra herramienta son las recomendaciones claras, precisas y que se puedan implantar», ha dicho.

En 2018, las horas invertidas fueron 26.653 en un total de 9 informes aprobados y 7 en curso al término del ejercicio. Alfonso Peña ha señalado que el principal objetivo en el ejercicio 2018 era «desatascar los informes en ejecución de programas de fiscalización anteriores e impulsar el Plan de Fiscalización del año 2018» y a fecha actual únicamente queda pendiente de presentar en las Cortes el Informe de fiscalización de la sociedad pública SARGA.

Los empleados públicos de la Cámara de Cuentas a finales de 2019 eran 24 (25 en 2018) y el presupuesto ejecutado fue de 2,15 millones de euros, el mismo que en el ejercicio anterior. Precisamente el pasado año, la Cámara de Cuentas aprobó una modificación de su Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con los objetivos de aumentar el número de puestos asignados al área de auditoría, racionalizar, reconfigurar y redistribuir otros puestos de la RPT para mejorar el rendimiento de la organización e incorporar nuevos puestos de trabajo especializados para afrontar con garantías la transformación digital de la institución que, además más de ser una exigencia legal, ha de contribuir a la mejora de su eficacia y eficiencia. Al respecto, el presidente de la Cámara ha hecho hincapié en la voluntad de la Cámara de ejecutar la totalidad del presupuesto de la Institución, antes de reclamar más recursos, mediante la provisión de las vacantes, si bien ha reconocido que no es fácil, sobre todo, por la especialización de las plazas. «Las vacantes que tenemos queremos cubrirlas en 2021 mediante la oferta de empleo público correspondiente y la convocatoria de oposiciones» ha anunciado.

Otro hito destacado de 2019 fue la aprobación de Plan estratégico 2020-2021 que concreta la misión, visión y valores de la Cámara de Cuentas, así como los objetivos a corto plazo. Son cuatro grandes líneas estratégicas para mejorar las fiscalizaciones, consolidar el funcionamiento interno de la Cámara y ganar en visibilidad ante la sociedad.

En referencia al momento actual y en respuesta a los grupos parlamentarios, el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón ha reconocido que la situación de crisis sanitaria ha impedido el desarrollo normal de la función de fiscalización «sobre todo, porque no hemos podido recibir la normal colaboración que nos prestan los entes que fiscalizamos, además de por la paralización de plazos legales». No obstante, ha señalado que los auditores de la Cámara han dispuesto de los medios técnicos necesarios para continuar con los trabajos en modo no presencial.

En el mismo turno de respuesta, Peña también se ha referido al Informe Fiscalización de los convenios y contratos firmados por el Servicio Aragonés de Salud, cuyos trabajos están muy avanzados, si bien ha explicado que en los últimos meses no se han abordado los procedimientos pendientes hasta que los responsables sanitarios tengan momentos de mayor tranquilidad.

Finalmente, Alfonso Peña ha recordado que la Cámara de Cuentas todavía no dispone de una sede estable, diez años después de su constitución, si bien ha reconocido que no son buenos tiempos. «Si acordamos que la institución tiene vocación de permanencia parece sensato y razonable que encontremos una ubicación definitiva que la haga visible a la ciudadanía» y ha solicitado el apoyo de la Comisión para que este proyecto sea una realidad.

En sus intervenciones, todos los portavoces de los grupos parlamentarios han destacado la contribución de la Cámara de Cuentas a la transparencia y a la mejora de la gestión económico-financiera de las administraciones públicas aragonesas.

Las Memorias de actuaciones son una obligación legal que prevé la Ley de la Cámara de Cuentas de Aragón con el fin de informar sobre los resultados del ejercicio de las funciones propias de fiscalización y de la actividad consultiva. En ella, también se informa de los medios materiales y humanos empleados por la Institución para realizar su actividad, así como de las relaciones institucionales y con los Órganos de Control Externo (OCEX) de las comunidades autónomas y el Tribunal de Cuentas.