Imagen: Cortes de Aragón

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha calificado de «insignificante» el presupuesto de los ayuntamientos dedicado a los programas medioambientales, salvo en lo que se refiere a residuos sólidos urbanos y tratamiento de aguas residuales.  El gasto contabilizado específicamente en medidas contra la contaminación atmosférica, acústica y lumínica «no llega al 1% de los gastos del presupuesto dedicado a los servicios públicos básicos y nos parece muy escaso», ha afirmado Peña, en el transcurso de la comparecencia para presentar el Informe de fiscalización de las actuaciones medioambientales de los ayuntamientos de Aragón de más de 10.000 habitantes.

Igualmente, ha destacado que ningún ayuntamiento de los auditados dispone de un sistema de gestión ambiental «propio de tal nombre». Según ha indicado «este es un tema importante porque impone a las entidades locales, en primer lugar, la obligación de reconocer su compromiso ambiental y, en segundo lugar, de establecer mecanismos para controlar el impacto en el medioambiente de sus actividades, servicios y productos».

En cuanto a la planificación de las actuaciones medioambientales por parte de los ayuntamientos de las principales localidades aragonesas, Alfonso Peña ha llamado la atención sobre el hecho de que el ayuntamiento de Teruel no se haya adherido a la Agenda 21 de Naciones Unidas. «No se trata sólo de una mera declaración de intenciones, ya que la adhesión impone obligaciones, como la de realizar una auditoría medioambiental, una declaración posterior y la aprobación de un plan de desarrollo sostenible», ha explicado.

El presidente de la Cámara de Cuentas ha confirmado a los portavoces parlamentarios de la Ponencia que las auditorías sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, cinco de los diecisiete relacionados con el medioambiente, van a ser una prioridad en los nuevos enfoques de fiscalización de la Institución, en sintonía con la demanda de los ciudadanos, el plan estratégico aprobado por la Cámara el pasado año, y la estrategia del resto de los órganos de control externo españoles.

En alusión al papel desempeñado por las instituciones supramunicipales para apoyar a los municipios en la planificación, gestión y desarrollo de las políticas medioambientales, Alfonso Peña ha reconocido el rol de las comarcas en el sistema de recogida de residuos y la iniciativa de las diputaciones en la labor de fomento, a través de las subvenciones, sin bien ha reclamado una actitud más proactiva de éstas en el impulso de medidas concretas, por ejemplo, de formación dirigida a los técnicos municipales. Peña también ha calificado de «buenas prácticas» la página web del Gobierno de Aragón que recoge los datos actualizados sobre la calidad del aire en todos los municipios de la comunidad.

En su turno de intervención y respuesta a los portavoces parlamentarios, la consejera de la Cámara de Cuentas, Rosa Montolío, ha defendido la importancia de que los ayuntamientos se doten de una planificación medioambiental, que marque la hoja de ruta de sus actuaciones posteriores, a ser posible, aprobada por el máximo órgano de gobierno para dotarla de estabilidad y tras un proceso de participación ciudadana.

Montolío ha insistido en la necesidad de que las entidades locales tengan su propio programa de gestión ambiental, no solo para mejorar la eficiencia del ayuntamiento, sino también, para concienciar a los habitantes del propio municipio. Asimismo, se ha expresado a favor de que las diputaciones provinciales realicen modelos de ordenanzas de protección del medioambiente que sirvan de base para su desarrollo individualizado en cada localidad.

El informe de fiscalización de las actuaciones medioambientales de los ayuntamientos de Aragón de más de 10.000 habitantes ha sido un trabajo coordinado con el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas.