El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha comparecido esa mañana en las Cortes de Aragón para presentar los Informes de los Ayuntamientos de Munébrega, Valle de Hecho, Valle de Bardají, La Villueña y Castelnou,  acompañado de la consejera de la Institución y responsable de los informes, Rosa Montolío.

Alfonso Peña ha destacado la obligación de la Cámara de llevar sus fiscalizaciones a estas administraciones pequeñas que en Aragón son muy numerosas y, con frecuencia, representan el único servicio a los ciudadanos del medio rural.

En su intervención, Peña ha recordado que, aunque la razón por la cual la Cámara incluyó estas fiscalizaciones en su programación del año 2020 fue la falta reiterada por parte de estas entidades locales del cumplimiento de su obligación de rendición de cuentas, los trabajos también han servido para conocer las dificultades que enfrentan estas administraciones a la hora de atender sus obligaciones. En este sentido, las auditorías han puesto de manifiesto que la principal dificultad es la insuficiencia de medios personales destinados a ejercer las funciones de control interno.

Al respecto, el presidente de la Cámara ha puesto el ejemplo de la provincia de Teruel en donde únicamente 23 municipios están atendidos por secretarios-interventores con habilitación de carácter nacional, mientras que en 183 ayuntamientos esta función la ejerce personal interino, en 21, son secretarios-interventores con nombramiento accidental y en 9, no existe constancia del título con el que están ejerciendo.

En opinión de Alfonso Peña, es importante que las Cortes de Aragón trasladen esta situación y las recomendaciones al efecto recogidas en los informes a los órganos que tienen atribuida la función de dar asistencia y cooperación a las entidades locales aragonesas, que son las diputaciones provinciales y el Gobierno de Aragón.

En relación con esta función de apoyo y colaboración, Peña ha informado a los diputados que la Cámara de Cuentas ha firmado un convenio con la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP) y los colegios provinciales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) para avanzar en la mejora de la gobernanza de los municipios aragoneses mediante formación, mejora de los actuales recursos técnicos y resolución de consultas.

Igualmente, ha anunciado su intención de extender la labor de colaboración a las diputaciones provinciales y la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón para que todos los agentes que tienen un papel en esta materia puedan remar en la misma dirección, si bien ha recordado, el elevado nivel de rendición de cuentas que existe en Aragón que, en 2019, fue del 94%, uno de los más elevados de España.

Los portavoces parlamentarios también han coincidido en destacar la necesidad de que las pequeñas entidades locales dispongan de la asistencia necesaria de las administraciones supramunicipales para enfrentar las dificultades técnicas que la rendición de cuentas y la gestión de los recursos económico-financieras pueda suponer. En este sentido, han insistido en que las funciones de secretario-interventor sean desempeñadas por profesionales de habilitación estatal y, en los casos en los que sean ejercidas por personal interino, que éste tenga la formación y capacidades necesarias.

En su turno de intervención, la consejera Rosa Montolío, ha explicado que, a diferencia de otros informes de fiscalización, en las auditorías de los cinco municipios señalados las recomendaciones se han incluido tras la fiscalización concreta de cada área, con el fin de que sean más útiles y pedagógicas a los ayuntamientos. Montolío ha recordado las recomendaciones comunes a todas las entidades, en material de personal, contratación y ejercicio del control interno, y ha respondido a preguntas concretas de los portavoces parlamentarios.

Opinión de legalidad desfavorable en todos, salvo en el Valle de Hecho

En los cinco informes, la Cámara de Cuentas ha realizado la fiscalización económico- financiera de las cuentas anuales y la auditoría del cumplimiento de la legalidad de la gestión de los fondos públicos.

La opinión de auditoría financiera es favorable, con salvedades, respecto a las cuentas de los cinco ayuntamientos. Sin embargo, la opinión sobre el cumplimiento de la legalidad en la gestión económica realizada únicamente es favorable en la auditoría del Ayuntamiento del Valle Hecho; en el resto de los ayuntamientos auditados, esta opinión es desfavorable por entender que la gestión de los fondos públicos no se ha realizado de acuerdo con la normativa aplicable.

Una salvedad de la opinión financiera que afecta a todos los ayuntamientos es la falta de inventario de bienes y derechos o de su actualización, lo que afecta a la corrección de los estados contables. Otras salvedades en la mayoría de estas entidades son el incumplimiento del deber de archivo y la falta de documentación soporte de las actuaciones llevadas a cabo, así como el insuficiente control interno ejercido por los secretarios-interventores.

Entre los incumplimientos de legalidad, la Cámara señala la liquidación de gastos e ingresos al margen de la normativa aplicable, especialmente en el área de contratación, ausencia de actas de las sesiones plenarias o, en su caso, de las reuniones de la asamblea vecinal. Los cinco ayuntamientos reflejan algún incumplimiento en materia de personal, siendo común a todos ellos, la falta de un instrumento para ordenar los puestos de trabajo.

En el año auditado, estos municipios ingresaron en total 3,2 millones de euros, mayoritariamente, procedentes de transferencias de otras administraciones, pero también, de impuestos, tasas e ingresos propios. Los gastos para prestar los servicios y actividades de los cincos municipios ascendieron a 2,4 millones de euros. Los habitantes de estos municipios suman 1.495 personas, siendo Valle de Bardají el núcleo más pequeño, con 34 habitantes, y Valle de Hecho, al que pertenecen las localidades de Siresa, Embún, Urdiés y Santa Lucía, el más poblado, con 830 habitantes.

El análisis de los presupuestos refleja, entre otros datos, que todos los ayuntamientos, a excepción del de Valle de Bardají, dispusieron de ingresos suficientes para hacer frente a su actividad ordinaria y su remanente de tesorería fue positivo.

Igualmente, todos los ayuntamientos cumplieron con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, salvo el de Valle de Bardají que incumplió el objetivo de déficit y el periodo medio de pago.