El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, ha participado hoy en el trámite parlamentario de Audiencias Legislativas con motivo de la tramitación del proyecto de ley de simplificación administrativa. Invitado por la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, Peña ha expuesto ante los grupos parlamentarios algunas consideraciones y sugerencias respecto al texto legislativo.

En primer lugar, el presidente de la Cámara ha llamado la atención sobre la falta de referencia en la norma al modelo de Función Pública con el que se pretende hacer frente a un proceso integral de transformación del sector público, como dice la propia exposición de motivos. “Esta es una laguna que pone en riesgo el proyecto”, ha señalado Alfonso Peña, quien ha añadió, que “el modelo actual, el de la reforma del año 1984, basado en el paradigma de la burocracia weberiana, está completamente agotado y no será posible desarrollar una nueva administración digital con empleados que no tengan competencias digitales”.

Entre las ausencias del texto normativo, Alfonso Peña también ha destacado la falta de referencia, en positivo, a la transparencia y a la rendición de cuentas “que son dos instrumentos clásicos de gestión que siempre hemos considerado atributos típicos del buen gobierno”.

Entrando en el detalle de las normas autonómicas que el proyecto de simplificación administrativa pretende modificar, el presidente de la Cámara se ha mostrado contrario a realizar más “parches” al texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón “porque se ha quedado desfasada”, y ha sugerido la redacción de un nuevo proyecto que modernice la gestión del presupuesto, de la contabilidad y de la Hacienda pública autonómica. Alfonso Peña ha aprovechó la comparecencia para sugerir la introducción en la norma de una recomendación de la Cámara para que el gasto derivado de contratos de larga duración, 20 años o más, que comprometen presupuestos de varias legislaturas, recabe la autorización, no sólo del Gobierno autonómico, sino también de las Cortes.

Finalmente, el presidente de la Cámara se ha mostrado contrario a limitar la actuación del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón a los recursos especiales del importe previsto en la legislación básica, siendo que la norma aragonesa había rebajado este umbral. “Recomendamos mantener la redacción vigente porque lo contrario es limitar garantías y posibilidades de recurso a los contratistas de los contratos de menor importe”, ha dicho.