Imagen: Cortes de Aragón

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha insistido esta mañana en las Cortes en la necesidad de abordar con prontitud la aprobación de un estatuto del personal directivo tanto de la administración de la Comunidad Autónoma, como de los entes del sector público institucional, para determinar su régimen jurídico con claridad y rigor, y ha añadido que puede hacerse, bien en el marco de la futura ley de la función pública de Aragón, o bien de manera independiente, como lo está haciendo la Administración del Estado.

Igualmente, se ha mostrado partidario de centralizar en una única plataforma la difusión de las ofertas de empleo dirigidas al personal directivo de la Comunidad Autónoma para movilizar el talento. «Para captar a los mejores profesionales para dirigir el sector público no es muy razonable que fragmentemos las ofertas en diferentes webs», ha señalado.

Peña ha realizado estas declaraciones en el transcurso de su comparecencia ante la Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas en la que ha presentado el Informe de fiscalización sobre el análisis del cumplimiento y aplicación de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

La ley tiene como objetivo adecuar las retribuciones del personal directivo y laboral que trabaja en el sector público institucional (entes de derecho público, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios) para homologarlas a las del resto de empleados públicos sin que, en ningún caso, se deriven incrementos salariales.

El informe de la Cámara revela que este objetivo se ha cumplido, ya que de los 2.547 empleados a los que afecta, se han homologado las retribuciones del 96%, con un ahorro discreto para las arcas públicas de 1,1 millones de euros, sobre un gasto de promedio anual para el periodo 2017-2019, de 97,8 millones de euros.

En opinión de Alfonso Peña, en el caso del personal directivo, «la situación está encauzada» y todos los directivos de las entidades del sector público institucional de la Comunidad Autónoma perciben las mismas retribuciones que los directores generales.

Entre las cuestiones que la ley no ha encauzado, el presidente de la Cámara ha destacado que en el personal no directivo la homologación ha tomado como referencia, para fijar las retribuciones máximas, la estructura de grupos de las tablas salariales de la administración de la Comunidad Autónoma, sin contemplar también los niveles que fijan dichas tablas, lo que supone aplicar un criterio demasiado amplio. La norma también ha dejado fuera de la homologación la antigüedad, la carrera profesional y otros complementos variables, de manera que se pueden generar agravios comparativos entre las entidades que los tenían reconocidos a sus empleados antes de iniciarse el proceso de homologación y las que no.

Por último, Alfonso Peña ha insistido en la recomendación recogida en el Informe de que todas las entidades dispongan de aplicaciones informáticas para gestionar las nóminas de su personal que permitan el tratamiento de los datos. «Esto es útil tanto para el control como para la toma de decisiones» ha insistido, al tiempo que ha recordado que el Sistema de Gestión de Recursos Humanos del Gobierno de Aragón (SIRHGA) es flexible y tiene la capacidad para integrar a todo el personal del sector público institucional.