La Cámara de Cuentas apela a una mayor esfuerzo para dotar de competencias digitales a los empleados de las administraciones y avanzar en la implantación de la administración electrónica
Imagen: Cortes de Aragón
La consejera, Rosa Montolío, ha hecho hincapié en la obligación legal de las diputaciones de asistir a los municipios en la implantación de la administración electrónica
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha comparecido esa mañana en las Cortes de Aragón para presentar el Informe de fiscalización sobre la implantación y gestión de las administración electrónica en las entidades locales, acompañado de la consejera de la institución y responsable del Informe, Rosa Montolío.
Alfonso Peña ha destacado la importancia de la digitalización de las entidades locales «uno de los pilares de los Fondos Next Generation«, el Plan de Recuperación que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia, y «en el caso de Aragón, más si cabe, por la propia estructura del sector de las entidades locales, en un territorio amplio disperso y con municipios escasamente poblados».
En relación con la principal conclusión del informe, que señala que las diputaciones provinciales no prestan adecuadamente los servicios de administración electrónica y contratación centralizada a sus municipios, el presidente de la Cámara de Cuentas ha señalado que «no se trata tanto de un problema de insuficiencia de medios económicos, sino de cultura de las organizaciones que, por un lado, no dan prioridad a este asunto en la agenda política y, por otro, no invierten lo suficiente en dotar de competencias digitales a los empleados que sirven en las administraciones públicas».
Por su parte, la consejera Rosa Montolío ha hecho hincapié en la obligación legal de las diputaciones de asistir a los municipios en la implantación de la administración electrónica, que ha calificado de «esencial», tanto a nivel interno de la propia administración, para ganar en eficacia y eficiencia, como externo, para facilitar trámites a los ciudadanos y mejorar la transparencia.
Montolío ha reconocido que para los ayuntamientos pequeños es muy difícil implantar la administración electrónica sin la asistencia directa de las diputaciones, de ahí la importancia del compromiso de estas para obtener resultados, como se ha visto en el caso de la Diputación Provincial de Huesca que, desde 2013, ha asumido los costes de implantación y/o mantenimiento del software necesario para la administración electrónica de los municipios de menos de 1.000 habitantes, un total de 509.000 euros, hasta el año 2020.
Los grupos parlamentarios han coincidido en reclamar el apoyo decidido de las diputaciones provinciales a las entidades locales para desplegar la administración electrónica en los términos que recoge la ley, y mediante un uso eficiente del gasto, al tiempo que se garantiza el acceso de todos los habitantes del medio rural a internet para que los esfuerzos en digitalización cobren sentido.
