La Cámara de Cuentas destaca la regularización contable de las depuradoras en régimen de concesión y recomienda concluir este proceso para todos los activos sobre los que el IAA tiene el control económico

El informe señala que el nuevo impuesto sobre las aguas residuales (IMAR) reduce el recibo con carácter general, excepto para los hogares a partir de seis convivientes

De las 32 recomendaciones realizadas en informes anteriores, el IAA ha implantado total o parcialmente el 97%

La Cámara de Cuentas de Aragón ha hecho público hoy el Informe de fiscalización del Instituto Aragonés del Agua (IAA) de los ejercicios 2020-2021, realizado a propuesta de las Cortes de Aragón.

El informe revisa las cuentas anuales de la entidad, el cumplimiento de la legalidad de las áreas de personal, contratación y subvenciones y, en el apartado dedicado a la auditoría operativa, analiza el estado del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, las necesidades financieras para acometer las obras pendientes y el impacto del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), exigible a partir de 2022, en la recaudación total del Instituto y en el recibo medio pagado por los aragoneses.

En los ejercicios fiscalizados, el IAA gastó 68 y 73 millones de euros, respectivamente, el 90% en la construcción, explotación y conservación de las instalaciones de saneamiento y depuración.  Los ingresos ascendieron a 71 millones en 2020 y a 89 en 2021, de los que a la recaudación del ICA correspondieron 66 y 69 millones, respectivamente.

La auditoría financiera concluye que las cuentas anuales fiscalizadas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 31 de diciembre de dichos ejercicios, salvo por algunas incorrecciones e incumplimientos detectados.

Los auditores han analizado el proceso llevado a cabo en 2021 por el Instituto para aflorar en sus cuentas los activos de las instalaciones de depuración bajo su control que no tenía reflejadas en su inventario. El impacto de esta operación de regularización que ha afectado, fundamentalmente, a las depuradoras que fueron construidas por concesionarios y a los activos de la Comunidad Autónoma adscritos al IAA, ha supuesto un aumento del patrimonio neto en 36 millones y del endeudamiento con los concesionarios de 177 millones.

La Cámara de Cuentas recomienda concluir con este proceso de regularización para incorporar las depuradoras construidas por la Confederación Hidrográfica del Ebro y por algunos ayuntamientos, cuyo impacto en el patrimonio neto se calcula en 34 millones de euros.

Las conclusiones de la revisión del cumplimiento de la legalidad reflejan que, en general, el IAA ha cumplido las normas que rigen la gestión de las áreas revisadas.

El primer aspecto que analiza la auditoría operativa es el estado de situación del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, el documento que planifica las inversiones para cumplir con los objetivos de calidad del agua y con los plazos que establecen las directivas europeas.

El nuevo plan 2022-2027, en proceso de aprobación, programa inversiones por importe de 142,6 millones de euros, con el objetivo de depurar el 95% de la carga contaminante de Aragón en un plazo de seis años, y prevé la finalización de las infraestructuras del Pirineo, declaradas de interés general y financiadas por el Estado, antes del plazo improrrogable del 31 de diciembre de 2024.

Del análisis del estado actual de las obras, 82 infraestructuras iniciadas que suponen casi el 40% de la inversión prevista, la Cámara de Cuentas concluye que el plan presenta una planificación realista, aunque resulta improbable que las depuradoras del Pirineo de interés general puedan estar terminadas en el plazo fijado.

Al final de 2021, 382 núcleos de población depuraban adecuadamente sus aguas, lo que supone el 90,5% de la carga contaminante de Aragón, de la que el 40% corresponde al municipio de Zaragoza, que gestiona el servicio de depuración a través de la Sociedad Municipal Ecociudad.

En 2021 el IAA gestionaba 236 estaciones depuradoras de aguas residuales mediante 14 contratos de concesión de obra pública y 26 contratos de servicios de mantenimiento y explotación, con un coste de 52 millones de euros en el ejercicio (41 corresponden a los contratos de concesión y 11 millones a los de servicios).

Para financiar los costes de construcción, explotación y conservación de las instalaciones de saneamiento y depuración, el Instituto recauda el correspondiente impuesto: Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), hasta 2021, y el Impuesto Medioambiental de Aguas Residuales (IMAR), a partir de enero 2022. Aragón es la comunidad autónoma que más paga por el servicio de saneamiento y depuración y ocupa la cuarta posición si se suman los conceptos de abastecimiento y saneamiento y depuración.

Para la facturación del impuesto, los ayuntamientos suministran al Instituto los datos sobre consumo de agua, con base en la lectura de contadores. Al respecto, los auditores señalan que solo el 36% del importe facturado corresponde a consumos del ejercicio 2021, debido a la propia operativa del impuesto, que hace que el último periodo de consumo se traslade al año siguiente, y a los retrasos de algunos ayuntamientos a la hora de remitir la información, lo que obliga a liquidar el impuesto de varios años a la vez, con el consiguiente incremento de la presión fiscal en los contribuyentes.

Solo la demanda de agua urbana está sujeta al impuesto y representa el 5,5% de la demanda total. El resto de la demanda de agua es, fundamentalmente, de uso agrario, y no está sujeta al impuesto.

En 2021, el consumo doméstico representó el 76% de los metros cúbicos facturados por el ICA. Sin embargo, la aportación de los hogares a la recaudación total fue del 92%, debido a que el precio medio del consumo doméstico es superior al del consumo industrial (1,18 euros el metro cúbico, frente a 0,40).

En el marco de esta auditoría operativa, los auditores han realizado un análisis comparativo del ICA, vigente en los ejercicios fiscalizados, y el IMAR, exigible desde enero de 2022, que incorpora una tarifa variable progresiva en tres tramos según consumo para fomentar el ahorro de agua.

Respecto a la recaudación total, se calcula que el IMAR supondrá una rebaja de 5,7 millones de euros anuales, sin que esto comprometa la financiación de las obras pendientes.

En relación con el impacto del IMAR en los hogares, los auditores concluyen que el recibo de un hogar medio de cuatro miembros con un consumo de doce metros cúbicos al mes se reducirá un 6%, pasando de 149 a 140 euros al año. Los más beneficiados son los hogares de dos miembros, al quedar su consumo en el primer tramo, que pasan de pagar 105 euros al año, a pagar 81. El ahorro se reduce conforme aumenta el número de convivientes, de modo que, a partir de 6 miembros, el recibo del IMAR resultará más caro que el del ICA. Al respecto, el informe incluye una recomendación al Instituto para que revise el impacto del IMAR en los hogares con más convivientes a fin de corregir las desigualdades derivadas de la aplicación de la progresividad en el consumo.

Otras recomendaciones, de las diez planteadas en el informe, son incluir en el inventario y en la contabilidad todas las infraestructuras sobre las que el IAA tiene el control económico, con independencia de la titularidad jurídica; implantar un sistema de contabilidad analítica que permita fijar las tasas y precios públicos en función de los costes del servicio, e impulsar la mejora del suministro de información por parte de las entidades locales para reducir los retrasos en la emisión de los recibos y evitar así la prescripción de los consumos no facturados.

El informe ya ha sido remitido al Gobierno de Aragón y a las Cortes para su análisis por la ponencia designada a estos efectos, que permitirá a los diputados conocer su detalle.  Igualmente, puede descargarse de la web de la Cámara de Cuentas y, el original, validarse con el código CSV: 7W2W5Y2HC5PQWHA6APYMFMX5R en la sede electrónica de la Institución.