Imagen: Cortes de Aragón

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha insistido esta mañana en las Cortes en la principal recomendación del Informe de Ecociudad: que los beneficios que obtiene la sociedad por la prestación del servicio de saneamiento y depuración de las aguas en Zaragoza reviertan en las infraestructuras que son necesarias para su prestación.

No obstante, ha reconocido que este fondo de reserva no será suficiente para acometer todas las obras y reposiciones necesarias que necesitará la ciudad para mantener la calidad del servicio, por lo que, según ha afirmado, «en algún momento, el Instituto Aragonés del Agua (IAA) tendrá que contemplar un plan de inversiones para las infraestructuras de saneamiento y depuración de Zaragoza, ahora que la ciudad está plenamente integrada en el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) que desde el año 2016 pagan los contribuyentes de la capital aragonesa».

Alfonso Peña ha recordado que la integración de Zaragoza en el sistema general del Impuesto de Contaminación de las Aguas es una decisión que adoptó el legislador aragonés bajo el principio de que todos los aragoneses soportaran una carga fiscal similar por el servicio de saneamiento y depuración de las aguas. Esta decisión, ha explicado, ha dado lugar a una situación «singular» en la capital aragonesa donde sobre una misma prestación conviven dos gravámenes: la tarifa municipal por la prestación de los servicios que gira Ecociudad y el Impuesto de Contaminación de las Aguas que gira el IAA. En consecuencia, una reducción de la tarifa supondría, a su vez, una reducción de la bonificación del ICA que opera para los usuarios de Zaragoza que no verían cambios en la carga fiscal que soportan. «Esta es la situación y al parlamento aragonés le corresponde tomar la decisión de si mantenerla o no» ha señalado Alfonso Peña.

El presidente de la Cámara ha realizado estas declaraciones en el transcurso de su comparecencia en las Cortes ante la Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas de Aragón reunida esta mañana con motivo de la presentación del Informe de fiscalización de Ecociudad correspondiente a los ejercicios 2012-2017.

Alfonso Peña ha comenzado su intervención explicando que Ecociudad es la sociedad mercantil participada al 100 por cien por el Ayuntamiento de Zaragoza que presta el servicio de saneamiento y depuración de aguas residuales en la capital aragonesa. Para este fin, cuenta con las infraestructuras de alcantarillado y las estaciones de depuración cedidas por el Ayuntamiento en 2013 al coste actualizado en el momento de la cesión, 386,80 millones de euros, que la sociedad tiene que pagar en un plazo de 61 años, que es la vida media de los activos.

En opinión del presidente de la Cámara, la calidad del servicio a los usuarios no se ha resentido con el paso de la gestión directa por parte del Ayuntamiento al modelo de gestión mediante sociedad municipal. «Creemos que Ecociudad es una sociedad madura que ha sido capaz de asumir una operación compleja sin que haya implicado efectos en la calidad de la prestación de los servicios», ha afirmado Peña en respuesta a las preguntas de los portavoces parlamentarios.

Igualmente, respondiendo al portavoz del PAR, Jesús Guerrero, Alfonso Peña ha defendido el modelo de colaboración público-privada para la gestión de los servicios públicos «si aporta eficacia y disponibilidad de inversiones cuando no puede acometerlas la administración». No obstante, ha resaltado que cuando se opta por este modelo, más aún cuando implica compromisos a largo plazo y transferencia de facultades de gestión que normalmente están en manos de la administración «debe hacerse un análisis exhaustivo de las razones jurídicas, económicas y de gestión que justifiquen que la solución concesional es mejor que la gestión directa». En el caso de Zaragoza, el informe señala que tanto los costes de construcción, como de explotación y mantenimiento, son más caros en la depuradora de la Cartuja, en régimen de concesión, que en las plantas de la Almozara y Alfocea, de gestión directa.

Junto a la dinámica de ingresos y gastos de Ecociudad, el trabajo de auditoría analiza cómo se imputan los costes por la prestación del servicio, primero en la tasa que giraba el Ayuntamiento y, posteriormente, en la tarifa de Ecociudad, y cómo influyen en estos costes, tanto los contratos que ya tenía firmados la administración municipal y en los que se subroga la sociedad mercantil, como los costes asociados a la operación de cesión de activos que se produce en el año 2013.

Asimismo, el Informe aporta datos sobre la carga fiscal que soportan los aragoneses en el territorio, comparando los municipios con población superior a 10.000 habitantes con la ciudad de Zaragoza. Con este análisis se completa la fiscalización del Plan  Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) realizada en el año 2015 en el Informe del Instituto Aragonés del Agua.