Alfonso Peña insiste en las Cortes en la necesidad de corregir la provisionalidad de los profesionales que ejercen el control interno local
Rosa Montolío y Alfonso Peña. Imagen: Cortes de Aragón
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha comparecido esa mañana en las Cortes de Aragón para presentar el Informe general del sector público local, ejercicio 2019, acompañado de la consejera de la Institución y responsable del Informe, Rosa Montolío.
Alfonso Peña ha afirmado que “nuestra administración local no funcionará bien sin corregir totalmente la provisionalidad de los profesionales que ejercen el control interno local”, y ha instado a las administraciones competentes a buscar una solución a la elevada temporalidad que existe en la función pública local. En este sentido, ha informado a los diputados de la Ponencia de las acciones que ha emprendido la institución para aumentar la profesionalización de estos empleados públicos, como el convenio firmado el pasado año con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y Cosital que, entre otras actividades, prevé formación a los profesionales del control interno para mejorar la gestión de sus obligaciones con la Cámara de Cuentas, así como la completa digitalización del proceso para obtener el certificado de hallarse al corriente en la obligación de rendir la cuenta anual, que emite la Cámara y que puede gestionarse íntegramente desde la sede electrónica.
A pesar de carencias humanas y materiales con las que se enfrentan los gestores de muchos municipios aragoneses, en especial, los de menor tamaño, el presidente de la Cámara ha destacado el elevado nivel de rendición de cuentas del sector local que, en el ejercicio 2019, alcanzó el 94%, uno de los porcentajes más elevados de España. En este sentido, ha reconocido que la institución lleva realizando desde el comienzo de su andadura, en 2010, una labor activa para incrementar este porcentaje, si bien, ha insistido que «el verdadero mérito es de las entidades locales y de los profesionales que allí prestan sus servicios, a veces, en condiciones difíciles».
Por otro lado, Alfonso Peña, ha explicado que el Informe del sector local se enmarca en la estrategia de fiscalización de la Cámara de Cuentas de dedicar un tercio de sus recursos a la fiscalización del sector local, con el fin, no solo de atender el mandato legal recogido en la ley de la institución que así lo prevé, sino de visibilizar la importancia que las entidades locales tienen en Aragón como prestadoras de servicios esenciales a todos los ciudadanos. Con este doble fin, además del informe general del sector local recurrente, como el que hoy se ha presentado en las Cortes, la Cámara ha aprobado, al menos, 40 trabajos de fiscalización relacionados con las principales entidades locales de la Comunidad Autónoma.
Igualmente ha destacado, la buena situación salud económico-financiera del sector local aragonés. En 2019, los ingresos totales del sector local aragonés ascendieron a 2.080 millones de euros, suficientes para hacer frente al gasto de los servicios prestados a los ciudadanos, que ascendió a 1.960 millones de euros, y, en su conjunto, el sector local tiene un remanente de tesorería positivo por importe de 717 millones de euros.
Por su parte, la consejera Rosa Montolío, se ha referido a la complejidad de la planta del sector local aragonés, compuesta por 996 entidades, de las cuales, 731 son ayuntamientos, que ha calificado de «minifundismo local». Zaragoza es el único municipio con más de 100.000 habitantes y concentra la mitad de la población de Aragón (674.997 habitantes). El 96% de los municipios tiene una población inferior a 5.000 habitantes y, en total, solo suman el 23,7% de la población aragonesa que, en 2019, ascendía a 1.319.291 personas.
En relación con el apoyo necesario de las administraciones supramunicipales a las entidades locales, la consejera ha insisto en la necesidad de que las diputaciones provinciales refuercen su labor de asistencia, en particular, en lo referente a la contratación centralizada y a la administración electrónica.
Durante la comparecencia, los portavoces parlamentarios han coincidido en reconocer el elevado grado de cumplimiento de su obligación de rendición de cuentas por parte de las entidades locales, si bien, han advertido de que no ocurre lo mismo respecto a la obligación de rendir información sobre contratos, convenios y actos de control interno. Respecto a los contratos, el 73,9% de entidades locales suministró esta información, pero únicamente el 60% lo hizo en plazo, muy por debajo del 86% del 2018. Y en relación con los convenios, el 52% rindió información.
