Imagen: Cortes de Aragón

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha comparecido esta mañana en las Cortes de Aragón para presentar el Informe de fiscalización del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), ejercicio 2019. En el transcurso de la misma, Peña ha recordado que la normativa que regula este organismo le otorga un papel relevante en las políticas de juventud de la Comunidad Autónoma y, sin embargo, está dedicándose a una parte muy pequeña. «Desde un punto de vista programático, de coordinación e impulso de esas políticas, con la legislación en la mano, el IAJ podría tener un papel más relevante», ha dicho.

En 2019, el IAJ solo gestionó el 25% del presupuesto de ejecución de las políticas públicas de juventud, que ascendió a 22,5 millones de euros. Los 5,6 millones de su presupuesto se repartieron de la siguiente manera: gestión de residencias (33%), gestión de subvenciones (19%), carné joven (9%) Centro Social de Teruel (9%), gestión de albergues (3%) y otras actividades y servicios (27%).

Respecto a los ingresos del organismo, 5,4 millones de euros en el ejercicio fiscalizado, destaca el peso de las transferencias de la Comunidad Autónoma, que representan el 77% del total. Sin embargo, la efectiva recaudación de estos ingresos se produce con mucho retraso y a fecha de cierre del Informe, el IAJ tenía contabilizadas transferencias pendientes de cobro acumuladas desde el año 2016 por importe de 15,7 millones de euros. En respuesta a las observaciones de los portavoces, el presidente de la Cámara de Cuentas ha hecho hincapié en la recomendación incluida en el informe de que se realice un urgente análisis y depuración de estos saldos, dado que el instituto no ha tenido problemas para atender puntalmente sus obligaciones y mantener la actividad «De esta manera, las cuentas del IAJ quedarían contable y presupuestariamente limpias y la Comunidad Autónoma dejaría de tener pendientes de pago obligaciones que no parecen justificadas en términos de necesidad del propio Instituto».

Alfonso Peña también se ha referido a las subvenciones que gestiona el organismo y ha considerado conveniente una mayor precisión en la definición de sus objetivos, así como el establecimiento de indicadores para medir sus resultados.

Con respecto al incumplimiento de la obligación de contratar el 3% del gasto con empresas de economía social reflejado en el informe, Alfonso Peña, ha insistido en la importancia de que la contratación pública cumpla, además de con los fines normales relativos a la provisión de bienes y servicios, con otros fines como el de dar acceso al mercado a las empresas de economía social. «El 3% es un porcentaje inferior al del Estado, que reserva el 7% para la contratación con empresas de economía social, y a pesar de estar por debajo en esta reserva, no hay forma de que se cumpla el mínimo».

En 2019, el IAJ tenía una plantilla de 97 trabajadores, con una elevada temporalidad que ascendía al 45% del total, un aspecto al que también se ha referido el presidente de la Cámara de Cuentas. «Es una tasa de temporalidad que afecta por igual a todas las plazas de la plantilla, personal funcionario y laboral, y que se repite en otras entidades», ha señalado, al tiempo que ha instado a corregir esta y otras incidencias relacionas con el personal.

Vídeo del informe