Imagen: Cortes de Aragón

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha manifestado esta mañana en las Cortes de Aragón que algunas de las incidencias e irregularidades señaladas en el Informe de fiscalización de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) 2012-2016 se encuentran corregidas o en trámite de corrección. En términos generales, Peña se ha referido a mejoras en los procedimientos de gestión general, de contratación del suministro de combustible y en la prestación del servicio en los espacios naturales protegidos que, en la actualidad, se realiza con personal propio de la sociedad.

Peña ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas en la que ha comparecido acompañado del vicepresidente de la Cámara y responsable del Informe, Luis Rufas.

En materia de gestión de personal, Alfonso Peña ha explicado que desde 2017, SARGA dispone de un convenio colectivo de empresa y desde 2018 de una ordenación de personal propia que da respuesta a varios incumplimientos señalados en el informe.

SARGA es una empresa pública participada íntegramente por la Corporación Empresarial Pública de Aragón que se creó en 2012 fruto de la fusión de dos entidades públicas del Gobierno de Aragón: la Sociedad de Desarrollo Medioambiental de Aragón SAU (SODEMASA) y la Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas SA (SIRASA). La sociedad presta servicios para el desarrollo de las políticas agrarias y medioambientales del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y su escenario de actuación es el medio rural y los parajes naturales de la comunidad autónoma.

El trabajo de la auditoría que hizo la Cámara, incluido en el Programa de fiscalización del año 2017, consistió en comprobar el cumplimiento de la legalidad de la actividad contractual en el periodo 2012 a 2016 y del gasto de personal en el año 2016.

Los gastos de SARGA en el periodo fiscalizado ascendieron a casi 300 millones de euros, de los cuales, 141 millones se destinaron a gastos de contratación distribuidos en las seis áreas de actividad de la sociedad (infraestructuras, servicios agrarios y ganaderos, servicios forestales, medioambientales, jurídicos y un apartado de servicios generales). La Cámara detectó incumplimientos de la normativa general de contratación, por importe de 10 millones de euros, por gastos sin expediente de contratación, sin seguir las instrucciones de contratación, así como posibles fraccionamientos en contratos menores. A fecha actual, los principales incumplimientos señalados en el Informe se han subsanado.

Los auditores también analizaron la contratación en cada una de las áreas de actividad y en concreto, los contratos de obras para la mejora y modernización de regadíos, el servicio de recogida, transporte y destrucción de cadáveres de animales y varios expedientes del área de servicios forestales. En todas las áreas se señalaron incumplimientos, como la ausencia de contrato y expediente de contratación en las obras de infraestructuras rurales, así como varios incumplimientos derivados de la contratación con terceros del servicio de recogida de animales. En ambos casos, la situación ha cambiado al haberse modificado la forma de contratación e introducido mejoras en la licitación.

En relación con la fiscalización del gasto de personal, 29 millones en 2016, el Informe sitúa el número de empleados en una media de 955. Ese año, la sociedad carecía de un instrumento propio de ordenación de personal y de un convenio colectivo propio, estando vigentes los convenios colectivos de SIRASA y SODEMASA integradas posteriormente en SARGA. Como consecuencia de ello, las retribuciones del personal no eran homogéneas y, en algunos casos, existían diferencias salariales muy amplias. En aquel año, la sociedad tampoco había realizado la homologación retributiva de su personal con el personal de la misma o similar categoría de la Administración de la Comunidad Autónoma a la que estaba obligada. El convenio colectivo propio se aprobó finalmente en 2017 y la relación de puestos de trabajo en 2018, si bien, siguen existiendo horquillas retributivas amplias dentro de cada grupo profesional.

En este sentido, en respuesta a las preguntas de los portavoces parlamentarios, el vicepresidente de la Cámara, Luis Rufas, ha señalado que, si bien, ahora la sociedad dispone de una relación de puestos de trabajo, no es un instrumento acabado y “hay que ordenar con mayor detalle las funciones y correspondientes retribuciones”.