La Cuenta General de la Comunidad refleja un presupuesto insuficiente para cubrir necesidades e imprevistos, además de incumplimientos graves en el procedimiento de contratación

Zaragoza, 15 de julio de 2019.- El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón 2017, una vez concluido el trámite de audiencia a la entidad fiscalizada.

En concreto, la Cámara ha auditado 13 entidades que representan el 97% de un presupuesto de gasto de 5.831 millones de euros, el 96% del personal y el 86% del activo total.

Para hacer el trabajo, los auditores de la Cámara de Cuentas han revisado la contabilidad y las áreas de personal, contratación pública, gestión presupuestaria, endeudamiento y morosidad y han plasmado el resultado en una opinión sobre los estados financieros y en otra sobre el cumplimiento de la legalidad.

Con carácter previo a las opiniones de auditoría, en base a los datos analizados, la Cámara aporta una visión general sobre la situación económico-patrimonial de la Comunidad. El órgano auditor llama la atención sobre su grave desequilibrio patrimonial debido a tres factores: endeudamiento financiero que, al cierre del ejercicio era de 8.553 millones de euros, saldo negativo de los fondos propios, por importe de 3.309 millones de euros y remanente de tesorería, también negativo, de 532 millones de euros, lo que evidencia la dificultad para cumplir con las obligaciones a corto plazo.

Estas cifras empeoran si se tienen en cuenta los ajustes identificados por la Cámara, que reducen los fondos propios hasta 3.633 millones de euros y el remanente de tesorería hasta 590 millones de euros. Ante esta realidad, si los ingresos no aumentan, la Comunidad necesitará seguir endeudándose para financiar el gasto corriente o bien reducir sus gastos en, al menos, 349 millones de euros.

Respecto a la auditoría económico-financiera de la Cuenta General, la opinión de la Cámara es favorable, en el sentido de que las cuentas anuales de las trece entidades de la Comunidad Autónoma auditadas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera a fecha 31 de diciembre de 2017, así como de sus resultados económico y presupuestario, excepto por las 19 salvedades identificadas por la Cámara.

Entre las más significativas, la Cámara señala una provisión insuficiente para hacer frente a responsabilidades, probables o ciertas, que la Cámara eleva de 51 millones de euros a 114. Ejemplos de este tipo de riesgos, son los 25 millones de euros reclamados judicialmente por el Ayuntamiento de Zaragoza en cumplimiento del Convenio para la financiación del tranvía,  los 20 millones de posible reclamación del Estado en concepto de devolución de los fondos FITE no ejecutados y los 15 millones por el pago de prestaciones a la dependencia reconocidas y no pagadas.

El máximo órgano auditor también llama la atención sobre la valoración incorrecta de los activos que la Comunidad Autónoma tiene para producir bienes y prestar servicios públicos, así como sobre la falta de información de gastos plurianuales. Entre estos compromisos futuros que no figuran contabilizados se encuentran las amortizaciones del préstamo procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) 2017, los compromisos pendientes con Zaragoza Alta Velocidad por importe de 69 millones, con ARAMON, por 13,5 millones, con los centros de enseñanza concertada, por 150 millones de euros al año aproximadamente, y con el Estado por la deuda procedente del sistema de financiación de 2008-2009 que, en total, asciende a 495 millones.

En materia de personal, la Cámara de Cuentas de Aragón echa en falta el reflejo en las cuentas del compromiso retributivo con los funcionarios, por la devolución de la paga extraordinaria de 2012,  por importe de 20 millones de euros y con el personal sanitario jubilado, en concepto de complementos de pensión, por importe de 15 millones.

Por otro lado, la auditoría de legalidad realizada por la Cámara de Cuentas de Aragón  constata que la Comunidad Autónoma incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, al situarse su déficit en 332 millones de euros, 116 más del objetivo previsto  fijado en el 0,6% del PIB.

Respecto de la regla de gasto, la desviación fue del 3,2%, superior al objetivo del 2,1% fijado para dicho ejercicio. Ambos incumplimientos, obligan a la Comunidad a elaborar un Plan Económico-Financiero. Por el contrario, Aragón sí cumplió los objetivos de deuda financiera (21,5% del PIB regional) y el objetivo de sostenibilidad de la deuda comercial, con un periodo medio de pago inferior a los 30 días de plazo legal.

El Informe también destaca, como incumplimiento de legalidad, la insuficiencia del presupuesto inicialmente aprobado para hacer frente a la actividad de la Comunidad Autónoma, por un importe de 272 millones de euros. No obstante, los mayores ingresos con los que contó finalmente la Comunidad en 2017 permitieron aprobar modificaciones presupuestarias, algunas fuera del ejercicio, por un importe de 253 millones. A pesar de ello, los auditores de la Cámara estiman que el gasto realizado en el ejercicio 2017 sin cobertura presupuestaria adecuada y suficiente alcanzó, al menos, la cifra de 37 millones de euros.

Las modificaciones presupuestarias fuera de ejercicio ascendieron a 50 millones de euros y se tramitaron y comunicaron durante el mes de febrero de 2018, sin que las Cortes de Aragón emitieran ningún pronunciamiento al respecto.

Para esta fiscalización de la Cuenta General, la Cámara seleccionó, mediante muestreo estadístico, 200 expedientes de nómina y 301 expedientes de gastos corrientes e inversiones. El análisis ha permitido concluir favorablemente sobre el gasto de personal.

Por el contrario, la Cámara opina que la Comunidad Autónoma incumplió el procedimiento de contratación por un importe de, al menos, 211 millones, que fueron adjudicados sin expediente administrativo ni formalización de contrato. De esta cantidad, 182 millones correspondieron a compras de farmacia hospitalaria, 16 millones a gasto en implantes, 8 millones a los servicios de rutas escolares y 5, a servicios de atención a menores y ocupación de plazas residenciales.

La Comunidad Autónoma tampoco publicó las licitaciones y adjudicaciones de sus contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público e incumplió la obligación de comunicar a la Cámara todos los contratos.  Los auditores estiman que el gasto no comunicado ascendió a 448 millones, de los que 437 correspondieron al SALUD. También se han detectado errores en los datos publicados en el Portal de Transparencia.

En lo que respecta a los contratos menores, la Cámara de Cuentas ha detectado riesgo de fraccionamientos al identificar 198 proveedores adjudicatarios de dos o más contratos menores de similar objeto. El importe acumulado de estos contratos ascendió a 12,7 millones de euros.

En materia de personal, en 2017 se mantuvieron incumplimientos señalados en las auditorías de años anteriores, como la existencia de complementos salariales sin cobertura en una norma o reglamento y el pago del complemento de productividad por un importe de 104 millones de euros con carácter fijo,  siendo que se trata de un complemento  variable y asociado al especial rendimiento.

El máximo órgano auditor del sector público de la Comunidad Autónoma concluye su informe con recomendaciones al ente auditado, entre las que se incluyen las principales recogidas en el Informe de fiscalización del Salud que se hizo público la semana pasada, y otras, entre ellas:

• Continuar con el proceso de revisión y actualización del inventario general de bienes de la Comunidad Autónoma y de todas las entidades que conforman el sector público aragonés, así como dar de baja los activos amortizados que no se encuentran en uso.
• Establecer controles periódicos de revisión de los saldos de existencias, deudores y acreedores, como mínimo al cierre de cada ejercicio, para que se ajusten a la realidad.
• Fijar en la Ley de Presupuestos el límite máximo del endeudamiento a corto plazo permitido para garantizar la plena cobertura legal de las operaciones que se suscriban.
• Aprobar una nueva Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma Aragón que incluya, entre otros aspectos, la estructura retributiva y la carrera profesional de los funcionarios.
• Mejorar el control de los fondos que se entregan a los centros docentes públicos en el marco de la autonomía en la gestión económica que tienen reconocida.
• Realizar inspecciones y controles de calidad para asegurar la correcta prestación de los conciertos de plazas en centros residenciales para la atención de personas mayores, menores o dependientes.

El Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2017, ya ha sido remitido al Presidente de Aragón y a las Cortes para su presentación y debate en pleno.

Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma 2017 (15.6 MiB)

Resumen divulgativo de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma 2017 (840.9 KiB)

Memorando de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma 2017 (2.9 MiB)