El Consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón 2018, una vez concluido el trámite de audiencia a la entidad fiscalizada.

El resultado de la revisión arroja una opinión favorable sobre la contabilidad y la legalidad,  si bien señala incorrecciones e incumplimientos.

Para emitir su opinión sobre la Cuenta General, la Cámara realizado pruebas de auditoría en 13 entidades públicas que representan el 97% del gasto, el 97% del personal y el 86% del activo total del sector público autonómico. Además, de acuerdo con las prioridades comunicadas por las Cortes de Aragón, se han realizado trabajos específicos en AST e INAGA.

En 2018, la ejecución final de ingresos ascendió a 6.143 millones y los gastos reconocidos hasta el  final del ejercicio fueron de 6.118 millones de euros.

Con carácter previo a las opiniones de auditoría, en base a los datos analizados, la Cámara aporta una visión general sobre la situación económico-patrimonial de la Comunidad. Aunque en 2018, Aragón cumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el órgano auditor advierte que la situación continúa siendo delicada debido a tres factores: endeudamiento financiero de 8.813 millones de euros, saldo negativo de los fondos propios por importe de 3.515 millones de euros y remanente de tesorería, también negativo, de 469 millones de euros. Tras los ajustes identificados por la Cámara en el informe los fondos propios son negativos por importe de 3.831 millones de euros y el remanente de tesorería, también negativo  por importe de 511 millones de euros. Debido a esta situación al cierre del ejercicio 2018, la Comunidad Autónoma ha tenido que seguir apelando al endeudamiento.

Entre las incorrecciones más significativas de la auditoría financiera, la Cámara señala una provisión insuficiente para hacer frente a responsabilidades, probables o ciertas, que la Cámara eleva de 51 millones de euros consignados a 114 millones (52 millones en la Administración de la Comunidad Autónoma, 50 millones en el SALUD  y 12 millones el IASS)

Por otro lado, el gasto que a final de año estaba pendiente de aplicar al presupuesto era de  102 millones, nueve millones más que en el ejercicio anterior, al que habría que sumar otros nueve millones también pendientes de aplicar pero que no figuran en la llamada cuenta 409.

Respecto a la auditoría de legalidad, entre los incumplimientos señalados por  la Cámara de Cuentas de Aragón destaca la insuficiencia del presupuesto inicialmente aprobado para hacer frente a la actividad de la Comunidad Autónoma, por un importe de 175 millones de euros. No obstante, los mayores ingresos con los que contó finalmente la Comunidad en 2018 permitieron aprobar modificaciones presupuestarias, algunas fuera del ejercicio, por un importe de 158 millones. A pesar de ello, los auditores de la Cámara estiman que el gasto realizado en el ejercicio 2018 sin cobertura presupuestaria adecuada y suficiente alcanzó, al menos, la cifra de 32 millones de euros.

De los incumplimientos de la normativa de contratación, la Cámara de Cuentas ha identificado 285 millones de gasto sin expediente ni contrato. De esta cantidad, 258 millones corresponden a compras del SALUD, si bien en su mayor parte son productos de farmacia exclusivos y de proveedor único.

A diferencia del año anterior, la Comunidad Autónoma sí publicó las licitaciones y adjudicaciones de sus contratos en la Plataforma de Contratación del Sector Público, pero  la rendición de la información sobre contratación a la Cámara siguió siendo incompleta.  Destacan las omisiones de  los 9 contratos de obras del Hospital de Teruel adjudicados en 2018 por importe de 86 millones de euros. La información del Portal de Transparencia también es incompleta.

La Cámara de Cuentas ha detectado 4 millones de euros en contratos menores que superan las cuantías fijadas en la ley para poder utilizar este tipo de contratos y 10 millones de euros en los que ha apreciado posibles fraccionamientos de contratos.

En materia de personal, en 2018 se mantuvieron incumplimientos señalados en las auditorías de años anteriores, como la existencia de complementos salariales sin la cobertura legal adecuada por importe de 110 millones y el pago del complemento de productividad con carácter fijo, por importe de 107 millones,  siendo que se trata de un complemento  variable y asociado al especial rendimiento.

La revisión de las subvenciones revela que el 40% del total, 116 de 288 millones concedidos, se concedió de manera directa, pese a que la normativa considera que este procedimiento es excepcional.

La fiscalización específica del INAGA revela que la entidad no dispone de ninguna memoria económico-financiera que justifique el importe de las tasas que cobra.

En el apartado de recomendaciones, la Cámara de Cuentas reconoce el cumplimiento de algunas anteriores, como la fijación del límite máximo del endeudamiento a corto plazo en la Ley de presupuestos, reitera otras recurrentes y señala como novedosas las siguientes:

• Codificar los contratos correctamente para que el registro de contratos sirva a la rendición de cuentas y a la transparencia
• Establecer controles en el registro de facturas para asegurar su vinculación con los contratos
• Diferenciar y separar en la Ley de presupuestos las partidas de subvenciones y de transferencias nominativas
• Mejorar la información y publicidad sobre subvenciones
• Exigir a los beneficiarios de las subvenciones, en particular a los de mayor cuantía, el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia en sus páginas web
• Recomendar a la entidad AST, que apruebe un presupuesto realista que incluya todos los ingresos y los gastos.

El Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2018 ya ha sido remitido al Presidente de Aragón y a las Cortes para su presentación y debate en pleno.

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