La opinión de auditoría de la Cámara sobre las cuentas autonómicas es favorable con salvedades

El informe refleja una situación económica delicada que puede agravarse por el impacto del COVID en las cuentas públicas

El consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejercicio 2019.

El informe ofrece una visión global de la situación económica del sector público autonómico e incluye la auditoría financiera de las cuentas y las conclusiones de la fiscalización sobre el cumplimiento de legalidad de la gestión económica. Además, en esta ocasión, también analiza la situación financiera de las empresas públicas autonómicas y la evolución de las políticas de gasto y de la contratación pública en los últimos años.

El resultado de la revisión arroja una opinión sobre las cuentas favorable, con algunas salvedades por incorrecciones en los estados contables, e identifica varios incumplimientos significativos de la normativa que rige la gestión económica.

En 2019, el gasto consolidado de la comunidad autónoma fue de 6.528 millones de euros, 2.312 correspondientes a gastos de personal. Los ingresos ascendieron a 6.328 millones. El remanente de tesorería fue negativo por 860 millones y el endeudamiento neto aumentó 20 millones y se situó en 8.812 millones de euros, a final del ejercicio.

En opinión de la Cámara de Cuentas, estos datos muestran una situación económico-patrimonial delicada que puede empeorar por el impacto del COVID-19 en las cuentas públicas, si no se reciben fondos extraordinarios suficientes y se gestionan correctamente.

Entre las salvedades, el informe señala que la cifra del patrimonio neto de la comunidad autónoma, negativa por 2.128 millones de euros, no refleja la imagen fiel del mismo debido a las incorrecciones detectadas en la gestión del inventario contable.

Los auditores también señalan la falta de contabilización de los siguientes compromisos de gastos futuros: 1.293 millones correspondientes a las amortizaciones del préstamo ICO del Fondo de Liquidez Autonómica de 2019, sin considerar los intereses asociados al mismo, 170 millones de euros anuales por los conciertos con los centros de enseñanza, 51 millones comprometidos para la refinación de Zaragoza Alta Velocidad, 425 millones adeudados al Estado por las liquidaciones negativas del sistema de financiación de los ejercicios 2008 y 2009 y 3 millones por el endeudamiento financiero del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

Otra salvedad es la provisión insuficiente para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas derivadas de litigios, entre ellos, la reclamación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de 34 millones de euros en concepto de liquidación del convenio para la financiación del tranvía, que no figura reflejada en las cuentas autonómicas.

Asimismo, la auditoría confirma que el gasto que a final de año estaba pendiente de aplicar al presupuesto era de 219 millones de euros, 117 más que en el ejercicio anterior.

Respecto a la auditoría de legalidad, la Cámara señala que en 2019 la administración incumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y periodo medio de pago a proveedores.

Un año más, el informe advierte de la insuficiencia del presupuesto del ejercicio (que en esta ocasión fue el del año 2018, prorrogado) para hacer frente a la actividad de la Comunidad Autónoma, lo que ha obligado a realizar modificaciones presupuestarias, algunas fuera del ejercicio, por un importe consolidado de 509 millones. Entre otras modificaciones, se destacan las realizadas para atender gastos previsibles, como la nómina del personal docente y sanitario.

La Comunidad Autónoma también incumplió el Estatuto Básico del Empleado Público al no convocar las ofertas públicas de empleo necesarias para reducir la elevada temporalidad de su personal. A 31 de diciembre de 2019, el 46 % de los 59.847 empleados de la comunidad eran temporales.

Por otro lado, el análisis de la contratación refleja que en 2019 la comunidad autónoma realizó 9.999 contratos por importe total de 307,6 millones de euros. A estos habría que añadir 196 millones de euros de gasto sin contrato, correspondientes a la compra de productos farmacéuticos e implantes. La muestra de contratos analizada indica que una de las incidencias más frecuentes es la falta de motivación del procedimiento de contratación elegido en los casos de contratación de emergencia.

Asimismo, la Comunidad Autónoma incumplió el porcentaje mínimo del 3% de contratación con centros especiales de empleo y empresas de inserción.

La evolución de la contratación en los tres últimos años muestra un esfuerzo para la mejora de las aplicaciones informáticas y los servicios relacionados con la administración electrónica, así como la contratación de obras de mantenimiento y construcción de centros hospitalarios.

Del análisis específico sobre la evolución de las políticas de gasto, se desprende que en la administración autonómica no existe una planificación general y plurianual del gasto, ni un seguimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos en los distintos programas presupuestarios.

Sobre la situación financiera de las empresas públicas, el informe señala que el 60% presentan pérdidas, y el 70% tienen deudas, por un importe global de 168 millones de euros. Estos datos, y el hecho de que la principal fuente de ingresos para la mayoría sean las aportaciones del Gobierno de Aragón, reflejan la dependencia que tienen las empresas públicas de la administración autonómica para su viabilidad presente y futura.

El informe de la Cámara concluye con seis recomendaciones para contribuir a la mejora de la gestión pública; entre ellas, se propone el registro y valoración correcta de todos los bienes e infraestructuras de la comunidad autónoma para que el valor de los fondos propios sea el real, realizar una planificación general a la que se ajusten los objetivos concretos de los distintos programas presupuestarios e incorporar técnicas de seguimiento del cumplimiento de dichos objetivos, y proceder a la convocatoria de las ofertas públicas de empleo para reducir la temporalidad.

El Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2019 ya ha sido remitido al presidente de Aragón y a las Cortes para su presentación y debate en el pleno.

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