El informe de la Cámara analiza el grado de cumplimiento de las medidas aprobadas en la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación, aprobada por Decreto 165/2017, de 31 de octubre, del Gobierno de Aragón

 

La Cámara de Cuentas de Aragón ha publicado el informe “Medidas de lucha contra la despoblación y el reto demográfico en Aragón”.

El objetivo de la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación de 2017 es dotar a la Comunidad Autónoma de Aragón de un instrumento marco de ámbito regional que establezca los objetivos y actuaciones en materia de demografía y poblamiento para conseguir un desarrollo demográfico equilibrado, teniendo en cuenta la complejidad y los múltiples factores que influyen en esta materia.

La Directriz se compone de 310 medidas para la consecución de 70 objetivos y 253 indicadores de seguimiento. Además de actuaciones en vivienda, educación, sanidad o empleo, se fomenta la producción de bienes y servicios ligados al territorio, la protección del patrimonio, la atención de las personas mayores, jóvenes e inmigrantes, entre otros asuntos de gran importancia.

El informe de la Cámara de Cuenta analiza el periodo entre 2018-2022 y ha servido para subsanar la falta de realización del seguimiento a los cuatro años de la aprobación de la Directriz, según se establecía en su artículo 3.

La distribución de la población aragonesa no es equilibrada: el municipio de Zaragoza concentra el 50% de la población (673.010 habitantes en 2022), mientras que 480 municipios tienen una densidad de población inferior a 8 habitantes/km².

En términos generales, el problema de la despoblación afecta profundamente a las zonas rurales, motivado por el asentamiento de su población en zonas industriales al ofrecer más oportunidades laborales y mejores servicios. Además, la población rural aragonesa muestra acusados ratios de envejecimiento y una alta tasa de masculinidad.

En lo que respecta a los datos demográficos, se concluye que el leve crecimiento poblacional del 1,3%, producido entre los años 2016 y 2022, se ha debido a la inmigración, ya que el saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sigue siendo negativo en Aragón.

En el año 2016, la población aragonesa ascendía a 1.308.563 habitantes, siendo en 2022 1.326.315, es decir, 17.752 habitantes más tras la aplicación de la Directriz, lo que evidencia la dificultad para acometer políticas públicas con resultados reales para fomentar la natalidad y atraer población.

Del trabajo realizado por los auditores sobre la ejecución de las medidas que contiene la Directriz, se ha observado que, pese a que se sometió a un amplio proceso de participación ciudadana, información pública y audiencia de asociaciones y organizaciones, su contenido es poco realista, al no definir de forma clara el problema de la despoblación ni establecer prioridades a la hora de abordar el problema. Los objetivos y medidas contenidas son imprecisos y los indicadores no son adecuados para medir su eficacia.

El informe concluye que la extensísima gama de objetivos, estrategias y medidas de la Directriz, teniendo relación con el fenómeno de la despoblación, eran actuaciones que en cualquier caso se hubieran ejecutado por las administraciones públicas aragonesas.

El Gobierno de Aragón y las entidades locales aragonesas reconocen, además, que no ha existido una adecuada coordinación para conseguir una ejecución eficaz de las medidas de la Directriz.

De las 310 medidas que contiene la Directriz, el Gobierno de Aragón solo ha ejecutado 96, de las cuales 22 son novedades, 14 suponen alguna mejora respecto a las actuaciones que ya se venían realizando antes del 2017, y 60 ya se estaban ejecutando antes de la Directriz.

Entre las razones que alegan los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón sobre la falta de ejecución de medidas, se encuentran: la falta de personal y/o presupuesto, falta de competencia en la materia, falta de definición de la medida, falta de coordinación entre departamentos, o no se considera prioritario.

La Cámara de Cuentas no ha podido determinar el coste total de la ejecución del contenido de la Directriz, solo se ha podido estimar su impacto en 59 de ellas, que asciende a 395 millones de euros, unos 79 millones al año.

En cuanto al personal encargado de ejecutar las medidas, tampoco se han podido obtener unos datos realistas ya que, de las 96 medidas ejecutadas, solo hemos podido conocer el personal involucrado en la ejecución de 60 medidas, que asciende a 278 personas a tiempo completo.

Respecto a la puesta en marcha de las medidas por parte de las entidades locales, han respondido al cuestionario remitido por la Cámara de Cuentas el 34% de los ayuntamientos, el 33% de las comarcas y el 100% de las diputaciones. De las respuestas recibidas, solo un 28% de los ayuntamientos han implementado medidas de la Directriz, un 50% en el caso de las comarcas y, el 100% en las diputaciones, siendo las áreas de mayor impacto la rehabilitación de viviendas, la economía, empresas, empleo, mujeres, juventud e inmigración.

Este informe incluye cuatro recomendaciones, entre otras, la necesidad de reducir y definir claramente el número de objetivos y medidas de la Directriz, para la consecución de sus fines, así como introducir mecanismos de flexibilización para poder adaptar o eliminar las medidas que al ser aplicadas no estén consiguiendo los objetivos para los que fueron creadas.

Igualmente, se recomienda diseñar una correcta “arquitectura institucional”, nombrando un órgano coordinador que pueda velar por la correcta aplicación de las medidas que afecten a diferentes departamentos y/o administraciones, así como potenciar el papel coordinador de las diputaciones y comarcas.

Otra recomendación es reducir el número de indicadores y contar con expertos, como IAEST, para diseñar indicadores estadísticos que ayuden a medir la evolución de la población, que se complementen con indicadores de gestión que evalúen el acceso a los servicios públicos como educación, sanidad y servicios sociales.

Por último, el informe recomienda reducir la complejidad del cálculo del Índice Sintético de Desarrollo Territorial (ISDT) de Aragón hasta que se disponga de un índice nacional.

El Informe ya ha sido remitido al Gobierno de Aragón y a las Cortes. Igualmente, puede descargarse de la web de la Cámara de Cuentas y, el original, validarse con el código CSV: AXDZ7Q6YWP4LJDWRY7SPAFS2A en la sede electrónica de la Institución.

Resumen divulgativo

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