En el documento se incluye, a petición de las Cortes de Aragón, una completa revisión contable y de los modelos contractuales del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y del Impuesto de Contaminación de las Aguas.

Zaragoza, 30/03/2017.- La Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado el informe de fiscalización de las cuentas anuales del Instituto Aragonés del Agua correspondientes al ejercicio 2015, un documento definitivo que ya se ha trasladado oficialmente tanto a la entidad fiscalizada como a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria. Los resultados completos de la fiscalización se pueden consultar a través del portal institucional de la Cámara de Cuentas (www.camaracuentasaragon.es), en el que se publica el contenido íntegro de la auditoría.

Este informe fue incluido, a propuesta de las Cortes de Aragón, en el programa de fiscalizaciones de la Cámara de Cuentas para el año 2016, que contemplaba la realización una auditoría de regularidad, financiera y de cumplimiento de la legalidad, sobre las cuentas anuales del Instituto del año 2015, dedicando en el informe una especial atención al Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración. 

La Cámara de Cuentas de Aragón ha ejecutado los trabajos de campo de esta auditoría durante el segundo semestre de 2016. Los resultados se plasman en este informe que desgrana en sus 134 páginas las salvedades que afectan a la actividad económicofinanciera desplegada por el organismo público en el ejercicio 2015, a su situación patrimonial y al grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los gastos de personal, de contratación y de subvenciones. El documento se completa con una exhaustiva revisión de la ejecución del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración desde su aprobación en el año 2001 hasta 31 de diciembre de 2015, si bien, las pruebas de auditoria realizadas sobre este Plan se han circunscrito a los gastos e ingresos del año 2015 objeto de la fiscalización.

Este trabajo tiene el interés de presentar, por primera vez, todos los datos económicofinancieros relevantes del sistema aragonés de saneamiento y depuración de aguas residuales, que se han incorporado después de su procesamiento, sistematización y debida fiscalización. Se ha analizado en profundidad la planta y estructura de la red de depuración de Aragón, construida desde comienzos de los años 90 y compuesta por 1.153 plantas, de las que a 31 de diciembre de 2015 solo estaban en servicio 255; y los escenarios financieros del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, que contemplan en el horizonte del 2015 unos gastos totales de más de 3.000 millones de euros que se prevén financiar con el ICA, cuya regulación y rendimiento, afectado por la incertidumbre de la incorporación de los contribuyentes de Zaragoza, también se revisan en la fiscalización.

Además, el informe dedica una especial atención a los gastos del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, que son fiscalizados desde distintas perspectivas que aparentemente influyen en su cuantificación, entre las que destaca el novedoso análisis comparativo de los costes del servicio de depuración en función de las distintas modalidades contractuales empleadas para la construcción y explotación de las plantas (contratos tradicionales y contratos de concesión) y el análisis de los efectos del sobredimensionamiento de las plantas construidas en los gastos que soporta el Instituto del Agua.

Como consecuencia de los hechos puestos de manifiesto en los trabajos de fiscalización, la Cámara de Cuentas ha emitido una opinión con salvedades sobre las cuentas anuales del Instituto Aragonés del Agua correspondientes al ejercicio 2015, tanto desde el punto de vista financiero como del cumplimiento de la legalidad. Así, se afirma que las cuentas anuales del Instituto Aragonés del Agua expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados económicopresupuestarios correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, excepto por diecisiete incorreciones, algunas de gran impacto en la cuenta auditada, como por ejemplo las referidas al inmovilizado.

Estas salvedades modifican en cuantías materialmente significativas los distintitos estados financieros de las cuentas presentadas por el Instituto. Por ejemplo, en el caso del inmovilizado, los ajustes propuestos por la Cámara en algunas rúbricas superan los 350 millones de euros (activos del sistema de depuración no contabilizados en el balance del Instituto). Por su cuantía, también resulta relevante la incertidumbre señalada en el informe por el probable incumplimiento del plazo establecido para la ejecución en las cabeceras de los ríos pirenaicos de las obras de depuración de interés general del Estado (31 de diciembre de 2017) que podría implicar que la Comunidad Autónoma tuviera que devolver al Estado  117 millones de euros. 

En cuanto a la revisión del cumplimiento de la legalidad, la Cámara concluye que las actividades realizadas, las operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejada en las cuentas anuales del Instituto Aragonés del Agua de 2015 resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, excepto por 16 salvedades relacionadas con incumplimientos de la normativa de morosidad, presupuestaria, de contratación y de gestión de subvenciones. 

Sobre el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, el informe detalla en el epígrafe correspondiente al estado de ejecución del Plan todas las infraestructuras pendientes de ejecución a 31 de diciembre de 2015 y su coste y los desfases sobre las fechas de puesta en servicio previstas en la planificación. En cuanto a las previsiones de ingresos y gastos del Plan, la auditoria advierte del déficit en el que se incurriría si finalmente no se incorpora al régimen tributario de ICA la ciudad de Zaragoza, que se estima en

543 millones de euros en el horizonte del año 2015. Y en relación con los gastos del Plan de Depuración, la Cámara concluye, considerando únicamente los datos reflejados en la contabilidad, que las obras de construcción y los servicios de explotación de las plantas de depuración en funcionamiento en 2015 resultan en torno a un 25 % más caras en el caso de los contratos de concesión (lo que supone un coste de aproximadamente 5 millones de euros en el ejercicio).

Como hace siempre en este tipo de informes sobre costes (por ejemplo, cuando analiza los costes de la enseñanza o de otros servicios que se despliegan en todo el territorio), la Cámara matiza en su informe que en la  conclusión anterior no ha tenido en cuenta criterios cualitativos (diferencias significativas en los niveles de prestación en función del nivel de demanda, disponibilidad y calidad del servicio y de la tecnología utilizada para la depuración en las distintas plantas) que pueden tener una incidencia significativa en el coste de la depuración con repercusión en el precio. También advierte que tampoco ha realizado en este informe análisis comparativos de la eficacia de la gestión de la depuración realizada directamente por el Instituto frente a la que se desarrolla por los concesionarios que podrían justificar, en términos de obtención de mayor valor por precio, de coste global, de eficacia o de imputación de riesgos, los motivos de carácter jurídico, económico, administrativo y financiero que recomendarían la adopción de esta fórmula de contratación aparentemente más cara.

El informe concluye con un paquete de recomendaciones que van desde revisar y actualizar el inventario de bienes y derechos del Instituto y proceder a su correcta contabilización a proponer, en relación con los grandes programas de inversión pública, la implantación de sistemas de evaluación previa de las ventajas e inconvenientes jurídicos, económicos, administrativos y de gestión de las distintas alternativas contractuales disponibles para su desarrollo, recomendando a su vez que, cuando el modelo elegido para el desarrollo de estos grandes programas de inversión suponga formalizar contratos de muy larga duración (veinte o más años) que condicionen el margen presupuestario y la capacidad de decidir sobre el modelo de gestión del servicio de futuros gobiernos, exista un mayor control de las Cortes de Aragón. 

 

Informe completo en pdf:

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