“Principales incidencias en materia de rendición, subvenciones y contratación” Este es el título de la ponencia que la consejera de la Cámara de Cuentas de Aragón, Rosa Montolío, presentó recientemente en el Aula de Administración Local, una iniciativa del Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Administración Local. En la mesa, la consejera estuvo acompañada del presidente de la Cámara, Alfonso Peña, y de la jefa de servicio, Marta Ruiz Solans. También estuvo presente el director general de Administración Local, Sergio Pérez. La sesión sirvió para repasar las obligaciones de rendición de cuentas de las entidades locales, tanto al Tribunal de Cuentas como a la Cámara de Cuentas de Aragón, los plazos previstos para ello y las principales incidencias detectadas por el órgano de control externo aragonés. Se trata de un deber legal básico que tiene como fin último, garantizar la transparencia.

En 2017, el censo de entidades principales y dependientes de Aragón se cifraba en 1.004, de las cuales, 849 son entidades principales, entre las que se cuentan los 731 son Ayuntamientos de Aragón, la mayoría, 443, de menos de 500 habitantes. En relación con la cuenta general de 2017, el 76% de las entidades principales, la presentaron dentro del plazo legal previsto (el 15 de octubre del año siguiente) y a finales de año, este porcentaje fue del 96%, muy superior al registrado en 2011, que fue del 49%. Según datos de 2016 del Tribunal de Cuentas, Aragón ocupa el primer lugar en cuanto al número de municipios que rinden sus cuentas, un dato que, en opinión de Alfonso Peña, se debe a que los secretarios-interventores, son profesionales que trabajan con rigor y cumplen plazos.

Las principales incidencias detectadas por la Cámara de Cuentas en la rendición de cuentas por las entidades locales son el incumplimiento de los plazos y las relacionadas con la integridad de la cuenta. Otras, son los defectos en la tesorería o la falta de cumplimentación de apartados de la Memoria que forma parte de la cuenta general.

Además de la cuenta general, las entidades locales deben remitir a la Cámara información sobre su actividad de contratación administrativa, convenios y acuerdos de gastos contrarios al criterio de un reparo del Interventor. En 2017, 50 entidades locales presentaron un total de 927 acuerdos contrarios a reparos, por un importe de 22,4 millones de euros. Por otro lado, 23 entidades comunicaron a la Cámara, 1.445 acuerdos en los que se omitió el trámite de la fiscalización previa, por un importe de 57,2 millones de euros.

En el ámbito de las incidencias relacionadas con la rendición, la ponencia de Rosa Montolío detalló las detectadas en los ámbitos de la concesión de subvenciones y contratación.

Previo al turno de preguntas, el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, agradeció a la Dirección General de Administración Local y al Instituto Aragonés de Función Pública (INAP), la organización de estos encuentros con profesionales que “nos permiten conectar problemas e inquietudes de un sector muy diseminado y contribuir a la búsqueda de soluciones”.

Asimismo, Peña hizo hincapié en la importancia del control interno que realizan los secretarios e interventores “que permite a la Cámara de Cuentas planificar la fiscalización de la Administración Local con más acierto y menos riesgos” y, en este sentido, abogó por la formación constante de este colectivo, al que animó a dirigirse a la Cámara para plantear las dudas y sugerencias que les puedan surgir en el ejercicio de sus funciones de intervención.