El organismo de fiscalización ha presentado el informe a las Cortes y también lo ha remitido al presidente del Gobierno de Aragón.

Zaragoza, 15/09/2017. La Cámara de Cuentas de Aragón ha presentado en las Cortes de Aragón el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2015, que también ha sido notificado al presidente del Gobierno de Aragón.

Se trata de un informe que ofrece un análisis general sobre la situación económico-financiera del sector público de nuestra Comunidad y que ya se encuentra disponible en el portal informático de la Cámara de Cuentas de Aragón.

Una vez fiscalizadas las cuentas de 2015, la Cámara de Cuentas concluye que, en general, expresan la imagen fiel del patrimonio, de la liquidación de los presupuestos y de la situación financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón y que la gestión económico-financiera se desarrolló de acuerdo con las normas legales y demás disposiciones aplicables, aunque identifica algunas limitaciones, incorrecciones y salvedades, tanto de carácter financiero como de legalidad, en las cuentas fiscalizadas que modifican parcialmente esta opinión general favorable.

Alcance subjetivo de la auditoría de la Cámara de Cuentas

La Cuenta General fiscalizada se estructura en 7 tomos en los que se presentan la liquidación de los presupuestos y los estados contables de 63 organismos y empresas participados por la Comunidad Autónoma en el año 2015.

El informe de fiscalización se centra en profundidad en la revisión de la situación económico-financiera de las 13 entidades administrativas principales de la Comunidad Autónoma que registran su contabilidad en el sistema corporativo de información económica del Gobierno de Aragón, que son:

–          la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón

–          los organismos autónomos Servicio Aragonés de Salud (SALUD), Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)

–          y las entidades de Derecho público Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Instituto Aragonés del Agua (IAA), Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), Banco de Sangre y Tejidos de Aragón (BSTA), Centro de Investigación y Tecnología de Aragón (CITA), e Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS).

Estas entidades son suficientemente representativas de la gestión realizada en el ejercicio 2015 por el sector público autonómico, ya que administraron un presupuesto consolidado de 5.885 millones de euros y gestionaron el 97 % del personal al servicio de la Comunidad Autónoma y del gasto acumulado. Debe tenerse en cuenta que además de este informe sobre la Cuenta General de 2015, cuya realización es obligatoria legalmente, la Cámara de Cuentas también ha realizado otros informes que completan la fiscalización de la gestión autonómica en 2015. Estos trabajos son la fiscalización del Instituto Aragonés del Agua, que incluye una auditoría financiera y de cumplimiento de la legalidad sobre el ejercicio 2015 y una auditoría de gestión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, y los tres informes de fiscalización del cumplimiento de la legalidad de las sociedades mercantiles Sociedad Aragonesa de Gestión Ambiental, S.L.U.- SARGA (ejercicio 2015), Expo Zaragoza Empresarial, S.A. (ejercicio 2015,) y Plataforma Logística de Zaragoza Plaza, S.A. (ejercicio 2015). Excepto el referido a PLAZA, todos los demás informes han sido ya aprobados y publicados por la Cámara de Cuentas de Aragón.

Estructura del informe

Desde un punto de vista técnico, el informe de fiscalización sobre la Cuenta General del ejercicio 2015 se ha desarrollado por la Cámara de Cuentas de acuerdo con Normas y las Guías Prácticas de Fiscalización de los Órganos de Control Externo (ISSAI-ES y GPF-OCEX), que son una adaptación hecha por los organismos fiscalizadores españoles de las normas internacionales de auditoría.

De acuerdo con estas normas técnicas, el Informe de Fiscalización aprobado presenta de forma separada la opinión de la Cámara de Cuentas sobre los estados contables de la Cuenta General (apartado 4, opinión de auditoría financiera) y la opinión sobre el grado de cumplimiento de la legalidad de los contratos, los gastos de personal y otras operaciones contabilizadas en 2015 (apartado 5, opinión de auditoria de cumplimento de la legalidad). El apartado 6, por su parte, recoge las 19 recomendaciones que la Cámara de Cuentas considera más urgente implantar y, finalmente, el apartado 7 informa sobre el resultado que han tenido en el informe final de fiscalización las alegaciones formuladas por las distintas entidades de la Comunidad Autónoma en el trámite de audiencia.

Además del informe propiamente dicho, la Cámara de Cuentas publica un extenso documento de trabajo denominado Memorando de Fiscalización en el que se describen los resultados de las pruebas de fiscalización realizadas por los auditores del organismo de fiscalización en las que se sustenta la opinión y se explican de forma más completa las limitaciones y salvedades. El Memorando también informa sobre otros errores e incumplimientos no graves advertidos en la fiscalización que por no tener entidad suficiente no han sido destacados en el informe. En definitiva, la finalidad de este documento es proporcionar a los destinatarios del Informe información adecuada y suficiente que les permita un mejor entendimiento del trabajo de auditoría realizado.

Opinión de la auditoría financiera y de legalidad con salvedades

Como ya se ha adelantado al comienzo de esta nota, en opinión de la Cámara de Cuentas “las cuentas anuales de las trece entidades fiscalizadas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de las mismas a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados económico y presupuestario correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera pública que les resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo, excepto por los efectos de los hechos descritos en los párrafos 1 a 34 del apartado 4.2 “Fundamento de la opinión con salvedades”. Y en cuanto al cumplimiento de la legalidad, el informe expresamente dice que “las actividades realizadas, las operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejada en la Cuenta General de 2015 resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, excepto por los posibles efectos de las limitaciones al alcance descritas en los párrafos 1 y 2 del apartado 5.2 “Fundamento de la opinión sobre cumplimiento de la legalidad con salvedades” y de los incumplimientos descritos en los párrafos 3 a 37 del citado apartado 5.2.”

Por lo tanto, se trata de una opinión favorable aunque parcialmente afectada por las limitaciones, incorrecciones y salvedades identificadas por la auditoría de las que se derivan ajustes contables muy significativos que modifican las principales magnitudes expresadas en la Cuenta General fiscalizada.

Principales salvedades e incumplientos

Situación económico-patrimonial de la Comunidad Autónoma. Visión general

El informe incorpora un párrafo para llamar la atención sobre la situación financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón que presenta graves desequilibrios de los que no se informa adecuadamente en la Cuenta General. La Cámara de Cuentas destaca el elevado nivel del endeudamiento financiero, que se situó en 7.506 millones de euros al cierre de 2015; los fondos propios negativos, que casi alcanzarían un importe de 2.900 millones de euros después de los ajustes propuestos por la Cámara de Cuentas; y el remanente de tesorería negativo, próximo a los 1.000 millones de euros.

Estos desequilibrios se deben a la insuficiencia de los ingresos de la Comunidad Autónoma para hacer frente a los gastos que genera su actividad corriente que, para el ejercicio 2015, la Cámara de Cuentas cuantifica en 490 millones de euros, sin computar los recursos necesarios para reposición del inmovilizado, ni los costes financieros de la deuda acumulada. Ante esta situación, a juicio de la Cámara de Cuentas, las perspectivas de la Comunidad Autónoma a corto plazo pasan por seguir aumentando sus niveles de endeudamiento y de su capacidad para acceder a este recurso, que será necesario para poder financiar el gasto corriente que genera su actividad mientras no consiga aumentar sus ingresos o reducir sus gastos significativamente.

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y comercial

En 2015, la Comunidad Autónoma incumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria, de sostenibilidad de la deuda comercial y la regla de gasto.

El déficit de la Comunidad Autónoma alcanzó el 2,06 % del PIB regional, con una desviación de 456 millones de euros sobre el objetivo fijado del 0,7 %. La Comunidad Autónoma cumplió con el objetivo de deuda financiera (20,6 % del PIB regional), aunque incumplió el objetivo de sostenibilidad de la deuda comercial y la regla de gasto.

Presupuesto y ejecución presupuestaria

Los presupuestos de 2015 no incluyeron todos los créditos necesarios para el debido cumplimiento de las obligaciones de la Comunidad Autónoma generadas en el ejercicio. Esta insuficiente consignación obligó a modificar los presupuestos iniciales en cuantías muy significativas para poder atender gastos corrientes, como las nóminas, la enseñanza concertada y la farmacia.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la Cámara de Cuentas ha constatado que la liquidación del ejercicio 2015 no refleja claramente los gastos realizados en ese ejercicio. En la Cuenta General se dice que las obligaciones reconocidas netas consolidadas ascendieron en 2015 a 5.885 millones de euros. Pero es importante advertir que en ese importe se incluyen 467 millones de euros correspondientes a gastos de ejercicios anteriores y faltan 193 millones de euros de gastos realizados en 2015 que la Comunidad Autónoma dejó pendientes de aplicar al presupuesto en la cuenta 409, por falta de consignación presupuestaria.

Las insuficiencias de crédito más importantes se localizaron en el SALUD, cuyo presupuesto de 1.471 millones de euros fue insuficiente por importe de 346 millones de euros para dar cobertura al gasto realmente devengado en el año, que ascendió a 1.817 millones de euros. Las insuficiencias presupuestarias afectaban a los siguientes conceptos: 104 millones de euros al capítulo 1, Gastos de personal, de los que 15 millones de euros corresponden al personal del CASAR; 171 millones de euros al capítulo 2, Gastos corrientes en bienes y servicios; y 71 millones de euros de capítulo 4, Transferencias corrientes (receta farmacéutica).

Además, la Cámara de Cuentas identifica en el informe otras insuficiencias presupuestarias en el Departamento de Educación, por importe de 78 millones de euros (63 millones en capítulo 1, Gastos de personal, y 15 millones de euros en capítulo 4, Transferencias corrientes, para el pago de la nómina de la enseñanza concertada) y en el IASS, que hubiera necesitado 14 millones de euros adicionales para dar cobertura a los derechos generados por los beneficiarios de las prestaciones de dependencia.

Obligaciones pendientes de contabilizar

El saldo de la cuenta 409, Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, se redujo en 272 millones de euros respecto del ejercicio anterior 2014, situándose a 31 de diciembre de 2015 en 225 millones de euros.

Esta significativa mejora fue posible gracias a los recursos recibidos del Fondo de Facilidad Financiera que, aumentando el endeudamiento a largo plazo de la Comunidad Autónoma, permitieron regularizar 467 de los 507 millones de euros pendientes al cierre del ejercicio 2014 en la cuenta 409 (incluidos 16 millones de euros del CASAR) y reducir la antigüedad de la deuda.

La Cámara de Cuentas ha detectado otros pasivos omitidos por importe de 50 millones de euros y ha cuantificado en 126 millones de euros la provisión para riesgos y gastos para cubrir otras responsabilidades.

Remanente de Tesorería

El remanente de tesorería consolidado calculado por la Cámara de Cuentas es negativo por 746 millones de euros, sin computar en esta magnitud el impacto del saldo de la cuenta 409 (que como se ha señalado se refiere a las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y ascendía a 225 millones de euros) ni otras incidencias detectadas en la fiscalización que suponen 122 millones de euros de ajuste negativo en el remanente. De considerar todas estas magnitudes, el remanente de tesorería hubiera sido negativo por importe de 1.093 millones de euros. Este indicador pone de manifiesto las dificultades de la tesorería de la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de las obligaciones que le venzan a corto plazo y la necesidad de adoptar medidas que corrijan este desequilibrio.

Personal

En el ejercicio 2015, los gastos de personal al servicio de la Comunidad Autónoma, ascendieron a 2.017 millones de euros, aumentando un 3 % respecto al ejercicio 2014 (1.954 millones de euros). Los perceptores de nómina fueron 54.634, aumentando un 2% (1.155 perceptores) respecto al ejercicio 2014 (53.497).

La fiscalización constata que en el ejercicio 2015 se mantuvieron sin corregir las principales deficiencias ya señaladas en informes anteriores de la Cámara de Cuentas relativas a los elevados grados de temporalidad en el empleo, la necesidad de regular mediante normas de rango legal o reglamentaria todas las retribuciones del personal público y la necesidad de ordenar el personal docente no universitario, de justicia y de los centros sanitarios mediante los oportunos mecanismos de ordenación del personal (relaciones de puestos de trabajo, plantillas y registros de personal) debidamente aprobados y publicados en el BOA.

En el informe, la Cámara ha podido cuantificar que el SALUD deberá afrontar pagos por un total de 27 millones de euros, desde el año 2016 hasta el año 2047, por los complementos a las pensiones del personal jubilado Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social. Este importe debería estar provisionado en los estados financieros del SALUD y no figura.

Por su parte, en el Memorando del informe de fiscalización la Cámara de Cuentas ha incluido un estudio sobre el régimen de clases pasivas que era de aplicación a 11.219 funcionarios en 2015 (9.356 de los cuerpos docentes no universitarios, 1.090 de cuerpos nacionales de justicia y 773 de distintos cuerpos de servicios generales). La Cámara de Cuentas estima un incremento del gasto de la Comunidad Autónoma por cotizaciones sociales de 2,72 millones de euros anuales hasta el ejercicio 2053 por la sustitución de estos funcionarios del régimen especial de clases pasivas que se vayan jubilando (por los que la Comunidad no cotiza a la Seguridad Social) por otros acogidos al Régimen General de la Seguridad Social. Si los 11.219 empleados de la Administración autonómica pertenecientes a clases pasivas en el ejercicio 2015 hubiesen quedado comprendidos dentro del Régimen General de la Seguridad Social, la Comunidad Autónoma debería haber afrontado en dicho ejercicio un gasto adicional de, aproximadamente, 90 millones de euros en concepto de cuota empresarial por contingencias comunes.

Contratación

En materia de contratación, los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas se han enfocado a verificar el cumplimiento de las obligaciones de promoción de la concurrencia mediante la publicidad de los procedimientos de licitación de los contratos y de inserción en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón (puesto en marcha en 2015) de todos los contratos, incluidos los menores, de los distintos organismos de la Comunidad Autónoma y de sus modificaciones. La fiscalización realizada ha permitido identificar los siguientes incumplimientos:

–          Falta de concurrencia y de publicidad y transparencia en la contratación de suministros de la farmacia hospitalaria, cuyo gasto en 2015 alcanzó 203 millones de euros.

–          Ausencia de información sobre el gasto sin soporte contractual facturado por adjudicatarios de contratos cuya vigencia, prórrogas incluidas, había finalizado, que ha sido cuantificado en, al menos, 98 millones de euros en 2015 (principalmente en el SALUD).

–          Falta de integridad de la información sobre contratos menores. Además, se detectan posibles fraccionamientos de contratos adjudicados a un mismo proveedor por importe de 4 millones de euros.

En el informe también se deja constancia de otros incumplimientos significativos en materia contractual y se hace un seguimiento de los ya identificados por la Cámara de Cuentas en anteriores fiscalizaciones, constatándose que muchos de los errores señalados continuaban sin corregirse, según se ha podido comprobar en la revisión de una muestra de expedientes de contratación.

En este ámbito de las compras públicas, el informe incorpora dos recomendaciones específicas; una de ellas, para intentar superar la falta de concurrencia que se produce de forma reiterada en la contratación de los servicios de transporte sanitario urgente por helicóptero, y la segunda, para adecuar la adquisición de los productos exclusivos de farmacia hospitalaria a las previsiones de la legislación de contratos públicos.