La Cámara de Cuentas de Aragón formará a sus auditores en materia de evaluación de políticas y programas públicos
El curso, que hoy comienza en Madrid, supone un avance en la modernización de las técnicas de auditoría de la gestión económico-financiera del sector público
Zaragoza, 9 de septiembre de 2019.- El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha asistido hoy en Madrid a la inauguración del curso “Evaluación de políticas y programas públicos” resultado del convenio de colaboración entre el Tribunal de Cuentas, la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, el Instituto de Estudios Fiscales y el Instituto Nacional de Administración Pública.
El acto ha estado presidido por la Presidenta del Tribunal de Cuentas, Mª José de la Fuente, y ha contado con la presencia de los máximos representantes de las instituciones firmantes del convenio.
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, fue uno de los impulsores de esta iniciativa en su etapa como representante de la Asociación de Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (ASOCEX) y ha destacado la importancia de esta formación que permitirá a los auditores públicos la especialización adecuada para contribuir al logro de un sistema de gestión pública más moderno y eficaz. Para ello, la Cámara de Cuentas de Aragón formará este año a un auditor, número que se irá ampliando en las sucesivas ediciones.
El curso se estructura en ocho unidades didácticas virtuales, cuatro foros de debate vinculados a dichas unidades y cinco sesiones presenciales de carácter eminentemente práctico y de experiencias, además del trabajo final.
Este programa de formación en evaluación de políticas públicas supone un nuevo avance en la modernización de las técnicas que utilizan los auditores de las instituciones de control externo para cumplir su mandato de fiscalización de la gestión económico-financiera del sector público. La realización de evaluaciones de las distintas políticas públicas por parte de los OCEX, permitirá ampliar el alcance de las fiscalizaciones y dar información contrastada sobre la eficacia del gasto público.
