La fiscalización de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, en el año 2015, y su proceso de fusión dos años antes, han sido sometidas hoy a debate por la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas, una cita en que ha servido para que el órgano fiscalizador, también, haya expuesto que los contratos de emergencia deberían realizarse directamente por el Gobierno autonómico.

Zaragoza, 16/04/2018.- “Hay varios casos en los que no se ha cumplido ninguna norma de personal, ni en la selección, ni en las autorizaciones de contratación, ni incluso en el pago de pluses”. Esta ha sido una las principales conclusiones que ha presentado esta mañana en las Cortes de Aragón el presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, en relación al informe de fiscalización de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental en el año 2015. A continuación, sobre el ámbito temporal, Peña ha asegurado que su objetivo ha sido no circunscribirse a un solo año, sino hacer un análisis de lo que había sido el proceso de fusión de SIRASA y SODEMASA, ya que, como ha trasladado, “el Gobierno no ha elaborado ningún informe concreto sobre los resultados de proceso de fusión que se acometió en 2012”.

El presidente del órgano fiscalizador también ha explicado que los contratos de obras de emergencia realizados por SARGA, además de un problema de legalidad, infieren en la eficacia que persiguen. Tal y como ha explicado, este tipo de contratos “son una herramienta para devolver una situación de riesgo a la normalidad” y, para ello, se permite al Gobierno de Aragón adjudicar directamente. “No acabamos de entender que se gana con hacer el encargo a una entidad dependiente, si se puede hacer de forma inmediata por el Ejecutivo”, ha afirmado.

A continuación, tanto este responsable como Luis Rufas, vicepresidente de este órgano y director de este informe, quien, por su parte, ha destacado ha sido “un trabajo complicado”, han  atendido el asunto de los convenios colectivos. Así, han explicado que en el momento de la fusión, hay que seguir aplicando los convenios aprobados por cada empresa. Por su parte, Rufas ha expuesto que “convivieron dos regímenes jurídicos, con personal que realizaba actividades distintas y con un régimen laboral distinto”. También ha recordado que las decisiones que se realizaron sobre el expediente de regulación de empleo y sobre la modificación de puestos de trabajo, “se aprobaron con representación sindical y las dos fueron judicializadas”. Para finalizar, ha estimado que, en el momento actual, “se tendría que determinar una situación de reequilibro para fijar las asignaciones de forma permanente”.

Desde el PP, Miguel Ángel Lafuente ha criticado que “se tire por tierra una empresa posicionada en el mercado con 1.400 empleados”, repasando los servicios que realiza la sociedad. “No voy a cuestionar ni una coma del informe. Nace de una fusión de SODEMASA y SIRASA, de once años de Gobierno socialista. Las sociedades eran absolutamente inviables”, ha defendido este portavoz durante su intervención ante la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas.

El socialista Alfredo Sancho ha recordado que “hay un listado de incumplimientos significativos”. “El desarrollo de la fusión tiene lagunas importantes”, ha añadido, relatando y destacando durante su turno de palabra varios de ellos en relación, por ejemplo, a la política de personal y reasignaciones. Para este portavoz, “no constan motivaciones para las retribuciones del personal de dirección” y “las dietas, con carácter general, tienen justificación insuficiente”. 

Alfonso Clavería ha defendido la postura de Podemos durante la presentación de este informe de fiscalización ante el órgano parlamentario. Este parlamentario ha asegurado que “el modelo de gestión de SARGA no tiene cabida en una sociedad democrática”. “El grado ínfimo de cumplimiento de la ley se ve en las contrataciones”, ha añadido. Para Clavería, “la actuación de esta sociedad se vuelve arbitraria y no es aplicada de forma razonable”.

Por parte de PAR, Lucía Guillén ha apostado por “no volver a acometer los mismos errores”. “Se ha realizado el control de la contabilidad y de la legalidad. Me quedo con que resulta conforme en todos los aspectos excepto donde hay que mejorar. Nos parece un informe extenso y complejo que recoge cuestiones a subsanar”, ha explicado. “Creo que en este punto coincidimos todos”, ha añadido esta portavoz durante su turno de palabra ante la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas.

El representante de Ciudadanos en la Ponencia, Javier Martínez, ha asegurado, en relación a SARGA, que “esto parece la casa de tócame Roque”. “Una de las preguntas que me queda es quién tomaba las decisiones de todo esto. En una gestión de este tipo lo primero es saber su responsable y la gravedad”, ha defendido este diputado. Además, Martínez ha apostado por acometer un proceso para resolver todas las dudas sobre SARGA.

Desde el Grupo Mixto, la diputada de CHA Carmen Martínez ha calificado el informe como “algo atípico” por “la metodología” y “el periodo de tiempo”. “Hay cuestiones que van desde el principio de la conformación de SARGA en 2012 y situaciones de mejora de 2017. Se excede el periodo más que para otros informes”, ha manifestado. En su opinión, “también es atípico por los procesos que están judicializados como el famoso caso de las dietas”.