El órgano auditor recomienda redactar un plan integral y transversal que permita al IAJ ejercer su función de planificación y coordinación de las competencias de Juventud del Gobierno de Aragón

La Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado el Informe de fiscalización del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), ejercicio 2019, que incluye la auditoría financiera de la cuenta general de la entidad, la fiscalización del cumplimiento de la legalidad en las áreas de contratación pública, personal y subvenciones, y una auditoría operativa para determinar si las actuaciones y programas públicos encomendados al organismo se gestionan de conformidad con los principios de eficacia, eficiencia y economía. A este respecto, el trabajo analiza los costes e ingresos de la actividad de gestión de las residencias y del carné joven.

En 2019, los gastos del Instituto Aragonés de la Juventud ascendieron a 5,6 millones de euros y los ingresos a 5,4 millones. Aproximadamente la mitad de los gastos (3,1 millones) fueron para atender remuneraciones de personal; le siguen en importancia los gastos por compras de bienes corrientes y servicios (1,5 millones), las subvenciones concedidas (752.288 euros) y, por último, los gastos de inversión (166.448 euros).

En cuanto a los ingresos, destaca el peso de las transferencias de la Comunidad Autónoma, que representan el 77% del total. Sin embargo, la efectiva recaudación de estos ingresos se produce con mucho retraso. Por ello, el IAJ tiene contabilizadas transferencias pendientes de cobro acumuladas desde el año 2016 por importe de 15,7 millones de euros, que la Cámara de Cuentas recomienda revisar y ajustar a las necesidades del organismo.

A los ingresos por transferencias, le siguen los ingresos generados por la gestión de las residencias, albergues y del carné joven, que ascienden a 1,2 millones de euros, el 23% del total. Con todo, los ingresos del ejercicio no fueron suficientes para financiar todos los gastos por 189.260 euros.

En 2019, el IAJ tenía una plantilla de 97 trabajadores, con una elevada temporalidad que ascendía al 45% del total.

El informe de fiscalización recoge una opinión de auditoría financiera favorable con algunas salvedades.

En cuanto al cumplimiento de la legalidad, en materia de personal, además de la elevada temporalidad, la Cámara recomienda modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para describir correctamente los puestos y sus funciones. Respecto a la gestión de las subvenciones, la Cámara señala la falta de información en el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del coste de los objetivos perseguidos, el plazo para lograrlos y los indicadores para medir el resultado de cada línea de subvención. Sobre la contratación, la auditoría refleja, entre otros, el incumplimiento del porcentaje mínimo del 3% de contratación reservada a empresas de economía social.

La auditoría operativa que ha realizado la Cámara analiza el papel que juega el IAJ en la ejecución de las políticas públicas de juventud de competencia de la Comunidad Autónoma, destinadas a los jóvenes entre 15 y 29 años, que representan el 14% de la población aragonesa. En este colectivo, la administración autonómica invirtió 22,5 millones de euros en el año 2019, de los que el IAJ solo gestionó el 25%. Las actuaciones de empleo, formación y vivienda para jóvenes, por ejemplo, se gestionaron por otros departamentos.

Los 5,6 millones del presupuesto del IAJ se repartieron de la siguiente manera: gestión de residencias (33%), gestión de subvenciones (19%), carné joven (9%) Centro Social de Teruel (9%), gestión de albergues (3%) y otras actividades y servicios (27%).

El informe señala que el organismo no tiene una herramienta de contabilidad analítica para saber el coste de sus actividades y fijar sus precios. Del análisis de la gestión de las residencias realizado por la Cámara (residencia Baltasar Gracián en Zaragoza, con 145 plazas, y Ramón y Cajal en La Almunia, con 48 plazas) se desprende que el coste por plaza ofertada es un 40% superior al de otras entidades. En la residencia Baltasar Gracián, un estudiante paga 500 euros al mes, el 60% de su coste y en la de La Almunia, 370 euros por plaza, el 23%. La Cámara de Cuentas recomienda coordinar la oferta pública de plazas residenciales para aprovechar las economías y sinergias que se producen cuando se concentra la oferta.

El informe de fiscalización incluye un apartado de recomendaciones para corregir tanto las salvedades de la auditoria financiera como los incumplimientos de legalidad observados y, en términos generales, insta a avanzar en un plan integral de carácter transversal que permita al IAJ ejercer su función de liderazgo, planificación y coordinación de la política de juventud del Gobierno de Aragón, con objetivos medibles, indicadores y calendario de ejecución realista.
El Informe puede descargarse de la web de la Cámara de Cuentas y, el original, validarse con el código CSV: C3ASNHS5C53TRX7DP4T46PH55 en la sede electrónica de la Institución https://camaracuentasaragon.sedelectronica.es/document-validation