El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, acompañado del vicepresidente, Luis Rufas, han presentado esta mañana en las Cortes el Informe sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a la Comunidad Autónoma en aplicación de la Ley de la Dependencia. Como ha explicado Alfonso Peña, se trata de un trabajo realizado en colaboración con el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas. En este sentido, Peña ha remarcado la utilidad de estas fiscalizaciones conjuntas «que permiten tener una visión panorámica sobre un asunto, así como establecer comparaciones», aunque en este caso, todavía no se ha publicado el documento que agrupa los datos y conclusiones de todas las comunidades autónomas.

En 2018, la aportación del Estado a la Comunidad Autónoma según el número de beneficiarios, grado de dependencia, número y tipo de prestaciones, ascendió a 34,4 millones de euros, el 16% del gasto total; la Comunidad Autónoma aportó 174 millones, el 79%, y los beneficiarios aportaron 11,1 millones, el 5%.  En relación con estas cifras, en turno de respuesta a los portavoces de los grupos parlamentarios, el vicepresidente de la Cámara ha recordado que en dicho ejercicio el gasto total en las prestaciones en aplicación de la Ley de la Dependencia ascendió a 221,7 millones de euros, que representan el 63% de todos los gastos del IASS que, en 2018, ascendieron a 357 millones de euros.

El informe de la Cámara concluye que, hasta el 31 de diciembre de 2018, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) había implantado totalmente cuatro de las nueve recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, parcialmente dos y tenía tres pendientes de implementar.

Las recomendaciones implantadas totalmente se refieren al desarrollo normativo necesario en aplicación de la Ley de la Dependencia, la integración del sistema informático de alta de solicitudes en el sistema nacional que gestiona el IMSERSO, así como a la impartición y acreditación de formación a los cuidadores no profesionales.  Por último, siguiendo la recomendación del Tribunal, Aragón ha regulado la capacidad económica de los beneficiarios de las ayudas y su participación en el coste total de las prestaciones de la dependencia que reciben.

En cuanto a las recomendaciones implantadas parcialmente, la Cámara señala que todavía no está totalmente desarrollado el expediente electrónico para gestionar las prestaciones por dependencia, si bien, se han producido importantes avances.

Entre las recomendaciones no aplicadas, la Cámara ha constatado que Aragón incumplía en el año 2108 el plazo máximo, fijado en seis meses, para resolver las solicitudes de ayuda, situándose en 411 días de media. También se ha comprobado que en aquel año el sistema de información contable del IASS no identificaba el gasto destinado a la atención de la dependencia, ni el organismo disponía de un sistema de contabilidad analítica que permitiera la cuantificación exacta del coste de los servicios, aspectos ambos que el vicepresidente de la Cámara ha destacado por su importancia para el posterior control de la gestión de las prestaciones recibidas por los beneficiarios.

Respecto al incumplimiento de los plazos, esta demora resulta especialmente perjudicial en los casos de los beneficiarios que fallecen en la espera, un aspecto que los portavoces parlamentarios han coincidido en remarcar.