La Revista Aragonesa de Administración Pública ha dado a conocer, a través de su página web, el monográfico titulado «Fondos europeos para la recuperación, transformación y resiliencia: ejecución y auditoría» en el que han participado auditores de la Cámara de Cuentas de Aragón.

En su artículo, los directores de auditoría, Isabel Linares e Ignacio Barquero hacen balance de las medidas previstas por el Real Decreto Ley 36/2020 en materia de gestión económico-administrativa y plantean vías de mejora.  Sostienen que dichas medidas, aunque inicialmente puedan calificarse de «tímidas», pueden servir de punta de lanza para una más amplia modernización de la administración pública, más profesionalizada y basada en la cultura de la responsabilidad por resultados.

Por su parte, Iván Berraquero y Miguel Luque explican, en el trabajo realizado, las principales medidas aprobadas en materia de gestión y control presupuestario para la ejecución de estos fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y describen el reto que representa aprovechar los fondos en un plazo breve de tiempo y la necesidad de adoptar medidas de flexibilización sobre la gestión y el control presupuestario dentro, del siempre difícil equilibrio, entre urgencia del gasto y rigor presupuestario.

Por último, la directora de auditoría,  Cristina Quirós Castro, aborda la necesaria auditoría de resultados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En su artículo, Quirós recuerda que dicho mecanismo establece, como aspecto fundamental, el control y seguimiento de las actuaciones que financia y su desarrollo, vinculando la recepción de fondos a su adecuada utilización con el objetivo de maximizar su eficacia y eficiencia, pero también, con la finalidad última de conseguir un desarrollo económico de los Estados y un refuerzo de sus estructuras que permitan afrontar futuras crisis con mayores garantías de recuperación y minimizar en lo posible sus efectos negativos. En este contexto,  la auditoría de resultados extiende el foco de análisis más allá del cumplimiento de la legalidad y la corrección contable y presupuestaria de las cuentas públicas, para verificar el cumplimiento de los objetivos marcados.