El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha comparecido esa mañana en las Cortes de Aragón con motivo del Informe de fiscalización sobre el grado de cumplimiento de los ingresos del presupuesto de la Comunidad Autónoma procedentes de la Administración General del Estado, ejercicios 2016-2020.

En su turno de intervención, Alfonso Peña ha dejado claro que el Sistema de Financiación Autonómica del año 2009 está agotado y hay que reformarlo con base en estudios rigurosos y objetivos, entre ellos, el Informe elaborado por la institución a iniciativa de las Cortes, que aporta datos objetivos y oportunos en el contexto actual, tal y como han reconocido los portavoces de los grupos parlamentarios que han intervenido en la ponencia de las Cortes de relaciones con la Cámara de Cuentas.

Uno de los datos más significativos del Informe es el que determina el déficit en la financiación de los servicios públicos esenciales. Así, en Aragón, en 2019, el gasto por el despliegue de los servicios de sanidad, educación y servicios sociales, calculado por la Cámara de Cuentas, fue de 2.593 euros por habitante ajustado y el sistema de financiación aportó 2.146, lo que supone un déficit estimado de 447 euros per cápita y de un 17% en el coste de prestación de dichos servicios. Los cálculos de la Cámara de Cuentas reflejan que ese año hubieran sido necesarios 628 millones de euros adicionales del sistema de financiación para cubrir completamente estas necesidades y, en todo el periodo analizado, la financiación debería haber sido un 25% superior a la recibida. En consecuencia «el sistema de financiación no cumple los principios de suficiencia y equidad en la financiación de los servicios transferidos de sanidad, educación y servicios sociales» ha dicho Alfonso Peña.

Según ha expresado el presidente de la Cámara de Cuentas, de esta conclusión, que se traduce en un déficit sostenido de las cuentas públicas, se derivan dos consecuencias: primera, la necesidad que tiene la Comunidad de recurrir al endeudamiento para financiar la prestación  de los servicios públicos  y segunda, la pérdida de recursos presupuestarios destinados a financiar el resto de las competencias transferidas, como las infraestructuras agrarias, de carreteras o de industria, «que en los presupuestos de los años 90, a pesar de ser más pequeños, tenían una dotación mayor de la que tienen ahora».

En relación con otras Comunidades Autónomas del régimen común, el estudio revela que estas tuvieron en 2019 un déficit medio de financiación de los servicios públicos fundamentales del 18%, aunque las diferencias entre comunidades autónomas son significativas (entre el 6% de Madrid y el 28% de Extremadura). Ese mismo año, el gasto en sanidad y en educación en Aragón fue superior a la media de las comunidades autónomas, en un 17% y un 4%, respectivamente, mientras que el gasto en servicios sociales fue inferior a la media en un 5%.

Sobre el impacto en la recaudación de la capacidad tributaria de la Comunidad Autónoma, el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón ha confirmado que ha sido limitado en el periodo analizado. De esta manera, en el periodo analizado, las decisiones adoptadas sobre la escala autonómica del IRPF han supuesto un incremento de la recaudación de entre 40 y 50 millones de euros, de una recaudación total de 1.300 millones de euros anuales de media por IRPF. Por otro lado, los beneficios fiscales implantados en Aragón han supuesto una merma de ingresos de casi 200 millones en 2020, fundamentalmente, por la elevación del mínimo exento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a partir de 2018. En relación con los beneficios fiscales, en respuesta a la portavoz de Podemos, Marta Prades, Alfonso Peña, ha detallado el efecto tributario de los beneficios fiscales implantados por la Comunidad Autónoma en el marco de su capacidad normativa, con mención especial a las medidas a las que se acogen menos de diez contribuyentes, en todos los impuestos revisados.

Finalmente, Alfonso Peña se ha detenido en la principal recomendación de Informe que sugiere la realización de un estudio riguroso y comparativo entre las distintas comunidades autónomas que analice la correlación entre las variables que inciden en el cálculo de la población ajustada y el coste de la prestación de los servicios esenciales, teniendo en cuenta que algunos territorios presentan carencias derivadas de una situación de partida negativa

Por su parte, todos los portavoces de los grupos parlamentarios presentes en la Ponencia han coincidido en calificar como «insuficiente» el actual Sistema de Financiación Autonómica, por cuanto ha generado un déficit en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, sostenido año tras año, así como en reclamar su reforma urgente.