«Pese a las especiales circunstancias de 2020 debido al COVID, el informe sobre la Cuenta General no tiene un número de errores e incumplimientos muy distinto al de ejercicios anteriores»
(Imágenes: Cortes de Aragón)
La auditoría financiera de la Cuenta General de 2020 arroja una opinión con salvedades y la de legalidad identifica algunos incumplimientos en la gestión económica de personal y de la contratación
Alfonso Peña insta a la administración a corregir la inconsistencia y omisiones en los datos sobre contratación publicados en las diferentes fuentes y remitidos a la Cámara de Cuentas para ganar en control y transparencia
El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha comparecido esta mañana ante el pleno de las Cortes de Aragón para presentar el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2020. Desde la tribuna del público, han seguido la intervención el vicepresidente de la institución, Luis Rufas y la consejera, Rosa Montolío.
Al comienzo de su intervención, Peña ha recordado el contexto en el que se desarrolló la gestión en 2020, en el marco de la crisis sanitaria del COVID, y ha reconocido el trabajo de las personas «que hicieron posible que los servicios públicos autonómicos siguieran funcionando en aquellos momentos de máxima propagación de la pandemia». En este sentido, también ha señalado que “pese a las especiales circunstancias, el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2020 no tiene un número de errores e incumplimientos muy distinto al de ejercicios anteriores, desarrollados en un marco de normalidad».
Igualmente, el presidente de la Cámara de Cuentas ha instado a los grupos parlamentarios a analizar el informe de la Cuenta de General junto con el resto de los trabajos sobre el sector público autonómico incluidos en el Programa de Fiscalización de la institución “para tener una visión completa de la gestión autonómica en 2020 desde la perspectiva del control externo que ejerce la Cámara de Cuentas».
Durante la comparecencia, Alfonso Peña ha detallado las principales cifras presupuestarias sobre las que se ha desarrollado la fiscalización. Así, en el ejercicio fiscalizado, el gasto consolidado de la Comunidad Autónoma fue de 6.698 millones de euros (5.753 millones descontando los gastos por amortización de la deuda cuyo vencimiento se produjo en el ejercicio), lo que supone 460 millones más de gasto que en el ejercicio anterior. De este incremento, los centros gestores han declarado 216 millones de gastos extraordinarios para hacer frente al COVID-19, de los cuales, 140 millones correspondieron al SALUD.
En atender los gastos de personal, la comunidad empleó el 35% de su presupuesto, 2.388 millones de euros. A finales de 2020, la Comunidad tenía 59.560 empleados públicos, con una media de temporalidad del 48%. Alfonso Peña ha remarcado el carácter estructural de este porcentaje de temporalidad, al margen de puntuales circunstancias como el incremento de las contrataciones realizadas en 2020 para hacer frente a la pandemia, que las diferentes ofertas de empleo público realizadas desde 2016 no han conseguido corregir.
El gasto por transferencias corrientes ascendió a 1.674 millones de euros, el 25% del presupuesto. El tercer epígrafe con más peso fueron los gastos corrientes en bienes y servicios, que supusieron 1.146 millones, un 17% del total. En 2020, este capítulo se incrementó un 32% respecto al año anterior debido al incremento de las compras de material sanitario y de protección para hacer frente a las necesidades derivadas del COVID-19.
Frente a estas grandes partidas, en 2020, solo se destinaron 152 millones de euros a realizar inversiones, una cifra inferior a la gastada en pagar los intereses de la deuda, que ascendió a 157 millones de euros, con un porcentaje de ejecución del 70,4% inferior en todo caso, a la ejecución que presentan los restantes capítulos de gasto del presupuesto. En opinión del presidente de la Cámara de Cuentas, este pone de manifiesto que existen dificultades para ejecutar eficazmente los proyectos de inversión presupuestados.
En el ámbito de las operaciones financieras, los gastos por cancelación de pasivos financieros ascendieron a 945 millones de euros, el 14% del total del presupuesto ejecutado en 2020.
Para financiar todas las operaciones, los ingresos presupuestarios que tuvo la Comunidad Autónoma en 2020 fueron 6.985 millones (5.616 si excluimos los ingresos derivados del nuevo endeudamiento concertado en el ejercicio), un 11,5% más que en el ejercicio anterior. De los 581 millones de incremento, 453 se corresponde a la aportación extra del Estado por el llamado Fondo COVID-19.
A partir de estas cifras y del análisis de los estados financieros, la Cámara de Cuentas ha emitido una opinión de auditoría financiera con salvedades en 16 áreas, algunas reiteradas en informes anteriores. Entre las salvedades, el informe señala que la cifra del patrimonio neto de la comunidad autónoma no refleja la imagen fiel del mismo debido a las incorrecciones detectadas en la gestión del inventario contable y recomienda realizar un esfuerzo para contabilizar todas las infraestructuras y bienes del patrimonio histórico, tanto los controlados económicamente, como aquellos otros sobre los que tiene la titularidad jurídica.
Los auditores también señalan falta de contabilización de algunos compromisos de gasto que van a afectar a futuros presupuestos, si bien el informe precisa que la Comunidad Autónoma ha corregido parte de esta incidencia y ya reconoce los compromisos correspondientes a las amortizaciones del préstamo ICO del Fondo de Liquidez Autonómica de 2019.
Respecto a la realización de pagos anticipados para contratar prestaciones urgentes pendientes de aplicación, el presidente ha explicado que en 2020 la administración realizó 16 pagos anticipados, a 16 adjudicatarios distintos por importe total de 4,9 millones de euros, todos cancelados y aplicados al presupuesto de 2020, salvo una operación «que debió haberse formalizado contra el presupuesto de 2020 pues fue ese año cuando se recibieron los suministros y se efectuó materialmente el pago».
Asimismo, la auditoría confirma que el gasto que a final de año estaba pendiente de aplicar al presupuesto era de 114 millones de euros, 103 menos que en el ejercicio anterior, la mayor parte correspondiente a gastos del SALUD.
La auditoría de legalidad señala que la Comunidad Autónoma incumplió el periodo medio de pago en todos los meses de 2020.
Asimismo, esta auditoría analiza las modificaciones presupuestarias realizadas para adaptar el presupuesto inicial a las necesidades del ejercicio, que ascendieron a 333, por importe de 1.037 millones de euros, un 84% superior al ejercicio 2019, sin que la muestra verificada haya detectado incumplimientos de legalidad. La mayor parte de las modificaciones lo fueron como consecuencia del impacto de la pandemia y no tanto por deficiencias en el proceso de presupuestación, ya que, por primera vez en los últimos años, los créditos presupuestados fueron suficientes para afrontar los gastos.
La fiscalización de la contratación, además de revelar incidencias en ocho de los 34 contratos analizados, ha vuelto a poner de manifiesto significativas omisiones e inconsistencias entre los distintos sistemas de registro, que el presidente de la Cámara de Cuentas ha calificado como «de poco compresibles en estos tiempos de digitalización y de notables avances en el tratamiento masivo de los datos».
Alfonso Peña ha explicado que debido a esta incidencia los auditores de la Cámara dedican más tiempo y trabajo a ordenar y sistematizar información que a su verdadero papel, que es fiscalizar los contratos, por lo que ha instado a la Administración a corregir la inconsistencia y omisiones en los datos sobre contratación publicados de las diferentes fuentes y remitidos a la Cámara de Cuentas para ganar en control y transparencia, entre otros beneficios.
En relación con las reglas fiscales y los datos de estabilidad presupuestaria y, pese a estar suspendidos por el Gobierno de España como medida extraordinaria frente a la crisis del COVID, la Comunidad Autónoma cerró el ejercicio con superávit. A juicio de Alfonso Peña, este dato positivo no oculta que la situación financiera de la Comunidad es «preocupante», con un remanente de tesorería negativo, por importe de 576 millones de euros, un endeudamiento de 9.106 millones de euros, 389 más que en el ejercicio anterior, y más gasto dedicado a pagar intereses que a acometer infraestructuras.
El presidente de la Cámara de Cuentas ha insistido en la necesidad de modernizar la gestión presupuestaria de la Comunidad mediante el establecimiento de objetivos en el presupuesto e indicadores para medir su cumplimiento. «Hay una demanda social que quiere saber si los presupuestos se han dedicado a los objetivos para los que fueron aprobados» ha dicho, al tiempo que ha recalcado la obligatoriedad de este tipo de gestión para la ejecución de los fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE.
Alfonso Peña ha concluido su intervención con mención a las recomendaciones, tanto a las recogidas en informes anteriores y efectivamente implantadas, como a las nuevas. Entre estas últimas, se ha referido a la actualización del registro y valoración correcta de todos los bienes e infraestructuras de la Comunidad Autónoma, la elaboración de una cuenta consolidada del conjunto de las entidades del sector público que refleje la totalidad de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma y la codificación de todos los contratos, especialmente los del SALUD, para que la rendición en los diferentes portales de transparencia sea completa.
