El vicepresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Luis Rufas, asistió ayer mediante videoconferencia, a la reunión de la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas y los Órganos autonómicos de Control Externo (OCEX), con objeto de analizar el desarrollo de las fiscalizaciones que se están realizando de manera conjunta y establecer pautas de colaboración para las actuaciones fiscalizadoras que se aborden en los futuros programas de todas las instituciones de control externo en el ámbito autonómico.

La sesión, presidida por el Consejero de Cuentas del Departamento de Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas, Ángel Algarra,  contó con la participación de la Presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra, Asunción Olaechea; el Síndico Mayor de la Sindicatura de Comptes de las Illes Balears, Joan Rosselló; el Vicepresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Luis Rufas; la Síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Emma Balseiro; el Consejero del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Miguel Ángel Jiménez García; la Síndica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Marcela Miró; el Consejero del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Eusebio Melero; el Síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Eduardo Rodríguez Enríquez; los Consejeros Auditores de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Inmaculada Saavedra y Fernando Figuereo; la Consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, María Victoria Malavé; la Consejera de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Sandra Garrido; y el Consejero del Consello de Contas de Galicia, Constantino Carreiras.

En la reunión se examinó el avance de los trabajos que actualmente se están efectuando en colaboración relativos a la fiscalización de la aplicación por las Comunidades Autónomas de la Ley de Dependencia, así como a la fiscalización de la implantación de la contabilidad analítica en las universidades públicas, que se plasmarán en unos informes que reflejen los resultados comunes a todo el ámbito autonómico con el fin de identificar debilidades y ofrecer recomendaciones que ayuden a mejorar la gestión de las entidades fiscalizadas.

Asimismo, se analizaron las iniciativas fiscalizadoras que cada institución pretende abordar en el año 2021, muchas de las cuales tienen como punto común su referencia a la gestión económico-financiera del COVID-19, sin perjuicio de destacar que el análisis de las medidas para afrontar los aspectos sanitarios, económicos y sociales de la crisis continuará en los años siguientes, dada su repercusión a medio y largo plazo.

En relación con ello, se expusieron las distintas fiscalizaciones que se han incluido o se espera incluir en los respectivos programas anuales de cada institución relacionados con la gestión del COVID-19, en distintos ámbitos como: la contratación pública, las subvenciones y ayudas o la contratación de personal, se convino en seguir manteniendo los contactos a fin de coordinar las actuaciones y adoptar criterios comunes en las fiscalizaciones desarrolladas.

La Comisión ha reflejado nuevamente el compromiso de colaboración de todas las instituciones participantes, poniendo de manifiesto la importancia del control externo para verificar la adecuada gestión de la actividad económico-financiera en el ámbito público y su relevancia actual y futura a la hora de fiscalizar en particular la distribución y el uso de los fondos europeos y de los recursos públicos destinados a paliar los efectos de la pandemia. Igualmente, ha puesto de relieve la necesidad de impulsar el trabajo en común con el fin de homogeneizar los criterios y las actuaciones emprendidas, y contribuir de este modo a la mejora de los procedimientos y sistemas que permitan un control más exigente y efectivo del sector público autonómico.

Texto íntegro de la nota de prensa facilitada por el servicio de comunicación del Tribunal de Cuentas:[wpfilebase tag=file id=1015 tpl=simple /]