Imagen: Cortes de Aragón

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha comparecido esa mañana en las Cortes de Aragón para presentar el Informe de fiscalización sobre la sociedad municipal Zaragoza Vivienda S.L.U, ejercicios 2017-2018, acompañado de la consejera de la Institución y responsable del Informe, Rosa Montolío.

Alfonso Peña ha recordado que Zaragoza Vivienda es una sociedad de titularidad pública, 100% del capital social del Ayuntamiento de Zaragoza, «importante, madura, con un gran recorrido y un objeto social muy ambicioso» que contempla la ejecución de la política de suelo y vivienda del ayuntamiento, la rehabilitación de zonas degradadas y la consiguiente reducción de los precios de venta y arrendamiento de los solares edificables. Sobre este último aspecto, Peña ha señalado que, con la gestión de  2.385 viviendas, la sociedad no tiene capacidad para intervenir el mercado general de la vivienda, pero sí consigue dar una solución a personas necesitadas que no pueden acceder a una vivienda en condiciones de mercado. No obstante, ha reconocido que Zaragoza Vivienda podría aspirar a obtener mejores resultados reduciendo el tiempo de espera de los solicitantes. Según el informe, a 31 de diciembre de 2018, existía una lista de espera de 3.261 solicitantes de vivienda y el plazo para la asignación de vivienda era superior a un año en el 33% de las solicitudes.

La auditoría analiza las cuatro áreas en las que se divide la actividad de la sociedad: atención a situaciones de emergencia habitacional, ampliación del parque de vivienda social, fomento de la rehabilitación de vivienda privada y gestión del parque de vivienda social. Para desarrollar estas actuaciones incluidas en su objeto social, el Ayuntamiento de Zaragoza aportó a la sociedad municipal 13,4 millones de euros, en 2017, y 15,2, en 2018. Los auditores señalan que los retrasos en la ejecución de inversiones presupuestadas han generado abultados saldos de tesorería por importes de 9,7 millones de euros, en 2017, y 12,7 millones, en 2018.

Según se recoge en el Informe presentado en las Cortes, en 2018 Zaragoza Vivienda gestionaba 2.385 viviendas, la mayoría, situadas en los distritos Actur – Rey Fernando, Casco Histórico, Torrero y Oliver-Valdefierro, de las cuales, 596 estaban cedidas por particulares o entidades financieras a través del programa de captación de vivienda vacía. A este respecto, la consejera Rosa Montolío se ha referido a la importancia de intensificar esfuerzos para ampliar el número de viviendas cedidas en distintas zonas de la capital aragonesa «no sólo porque es más barato que construir viviendas e incluso rehabilitarlas, sino también, porque evitaría el efecto gueto».

En los años fiscalizados, el precio medio del alquiler por una vivienda de 70 m² es de 260 euros al mes, un 30% inferior precio medio de mercado de viviendas de similares características y ubicación. Ninguna persona o familia paga más del 30% de sus ingresos y en todo caso, existe una renta mínima de 85 euros al mes. La diferencia entre el precio oficial y estos límites se cubre mediante una subvención directa en el recibo del alquiler financiada por el Ayuntamiento de Zaragoza. En 2018, el importe total concedido ascendió a 1.7 millones de euros y el número de personas beneficiadas fue 2.687. El perfil medio del arrendatario es de una mujer española, de entre 41 y 60 años, con estudios primarios, trabajadora, que vive sola y con unos ingresos inferiores a 10.000 euros al año.

Según el Informe de la Cámara, Zaragoza Vivienda carece de una herramienta de contabilidad analítica que permita asignar correctamente los costes directos e indirectos de las actividades que realiza y tampoco dispone de indicadores para medir la evolución del coste de actividades concretas y comparar con otras entidades de similar objeto social. Los auditores también llaman la atención sobre el uso de distintas bases de datos desconectadas entre sí, lo que obliga a realizar operaciones manualmente con el consiguiente riesgo de errores y pérdida de información.

La fiscalización también revela la elevada tasa de temporalidad de la sociedad, que afecta al 49% de los 102 empleados.

Del análisis de la contratación se desprende, entre otros incumplimientos, un gasto de 2,75 millones de euros contraído en los años revisados  sin haber seguido los procedimientos legales que regulan la contratación pública.

Además de las recomendaciones para corregir los incumplimientos señalados, la Cámara de Cuentas recomienda a Zaragoza Vivienda una mayor coordinación y colaboración con otras entidades públicas aragonesas para optimizar recursos y unificar criterios en la prestación de este servicio, hacer un estudio sobre la necesidad real de vivienda social de alquiler, el establecimiento de un registro único de vivienda en Aragón y reforzar el programa de captación y movilización de vivienda vacía.